De manera conjunta la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), llevaron a cabo, los días 18 y 19 de octubre, los Seminarios Temáticos en seguimiento del IX Informe de México en cumplimiento con la CEDAW, cuyo objetivo fue establecer un diálogo franco y constructivo entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, representantes de la academia y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para analizar el cumplimiento del Estado mexicano a las recomendaciones que el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha emitido a México.
Tomando en consideración el trabajo que realizan las OSC y la academia, y de cara a la próxima sustentación del IX Informe de México, prevista para julio de 2018, resulta de suma importancia establecer foros de discusión que permitan identificar avances, retos y limitaciones en materia de legislación, políticas públicas y mecanismos institucionales en materia de igualdad de género y de combate a la violencia contra mujeres y niñas en el país. Los Seminarios contemplaron cinco temas: 1) derechos políticos electorales; 2) migración; 3) trabajadoras remuneradas del hogar; 4) feminicidio, desaparición forzada y alertas de violencia de género y 5) educación.
En la sesión inaugural, la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, en presencia de la Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, Gloria Ramírez; del Director de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda Iguiniz y de la Directora General Adjunta de Derechos Humanos de la SRE, Úrsula Dozal, recordó que los derechos humanos de las mujeres no se negocian, no están sujetos a un presupuesto y su garantía es una obligación de todo el Estado mexicano, porque, dijo, a pesar de que en esta Administración hay avances incuestionables, éstos aún son insuficientes.
Entre los retos identificados por las y los participantes se mencionaron, entre otros: tipificar la violencia política como delito en la legislación mexicana; atender y dar seguimiento a la recomendación general 26 del Comité CEDAW sobre trabajadoras migratorias; ratificar el Convenio 156 y 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las y los trabajadores con responsabilidades familiares, y sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos; tipificar el delito de feminicidio en forma homologada en todas las entidades federativas; mejorar las estadísticas, los sistemas de información y las bases de datos relacionados con todos y cada uno de los delitos cometidos contra las mujeres y las niñas para poder combatir la violencia de género y las desapariciones forzadas de mujeres, niñas y adolescentes; fortalecer, modificar y llenar vacíos normativos en el sistema de alertas de violencia de género y en el funcionamiento de centros de justicia; transversalizar la perspectiva de género en todos los programas educativos, en todos los niveles, y educar para la igualdad, el respeto a los derechos humanos, la no discriminación, la inclusión y la paz.
Con estos seminarios se identifican acciones que deben instrumentarse en el corto plazo, mecanismos que tienen que reforzarse y consolidarse, así como los desafíos que aún enfrentan los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno para cumplir con las obligaciones del estado mexicano, en el marco de nuestros compromisos internacionales.
La CEDAW es el máximo instrumento internacional en materia de género compuesto por 30 artículos referentes a temáticas tales como: vida política y pública, educación, empleo, salud, igualdad ante la ley, matrimonio y familia, entre otros. Para vigilar su cumplimiento, la CEDAW cuenta con el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Como parte de sus obligaciones internacionales, el Estado Mexicano transmitió el 20 de diciembre de 2016 su IX Informe periódico de cumplimiento con la Convención CEDAW,[1] atendiendo las observaciones que el Comité transmitiera a México en 2012,[2] mismas que permitieron hacer un balance entre los avances registrados y los temas que aún continúan pendientes.