Los que suscriben, ministros de Sudáfrica, Suecia, Argentina  Australia, Albania, Bélgica, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Cabo Verde, Canadá, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Fiji, Francia, Alemania, Grecia, Guinea, Italia, Letonia, Líbano, Liberia, Luxemburgo, Madagascar, Montenegro, Países Bajos, Macedonia del Norte, Namibia, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Rumania, Serbia, España, Suiza y el Reino Unido, tienen el honor de emitir esta declaración conjunta en nombre del pueblo y los gobiernos de 58 países: Albania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Cabo Verde, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Guinea, Irlanda , Islandia, Italia, Japón, Letonia, Líbano, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, México, Moldavia, Montenegro, Namibia, Países Bajos, Macedonia del Norte, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Portugal, República de Corea, Rumania, Serbia, Sur África, Eslovenia, España, Suecia, Túnez, Suiza, Reino Unido, Ucrania y Uruguay.

La humanidad se enfrenta a una amenaza sin precedentes como consecuencia del COVID-19. En todo el mundo, la pandemia está teniendo un impacto devastador en los sistemas de salud, las economías y la vida de sus habitantes, y está afectando el bienestar de todos y todas, especialmente los adultos y las adultas mayores. Responder eficazmente a esta pandemia requiere de la solidaridad y la cooperación de todos los gobiernos del mundo, la comunidad científica, los actores de la sociedad civil y el sector privado.

El COVID-19 afecta a mujeres y a hombres de modo diferente. La pandemia empeora las desigualdades que sufren las mujeres y las niñas e incrementa la discriminación de grupos marginados, como las personas con discapacidad y las poblaciones que viven en extrema pobreza. Se corre también el riesgo de que se violen los derechos humanos de las mujeres y las niñas. De hecho, la participación de las mujeres y las niñas y su protección deberían ser centrales en los esfuerzos para detener el virus. Es imperativo que en la respuesta al COVID-19 se tenga en cuenta el género y los diferentes impactos que la detección, el diagnóstico y el acceso al tratamiento del virus tienen sobre las mujeres y los hombres.

Las medidas restrictivas diseñadas para limitar la propagación del virus han aumentado el riesgo de la violencia doméstica, incluida la violencia de pareja. Los sistemas de salud y de protección social, así como los sistemas legales que protegen a las mujeres y a las niñas se han visto debilitados por la respuesta al COVID-19.  Es por eso necesario implementar medidas específicas para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Las respuestas de emergencia que se lleven a cabo deben garantizar la protección de todas las mujeres y todas las niñas refugiadas, las migrantes y las desplazadas en el interior de los países. Las necesidades de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de apoyo psicosocial y los de protección contra la violencia de género, deben declarase prioritarios para poder garantizar su continuidad. Debemos también responsabilizarnos de la protección social y garantizar la salud, los derechos y el bienestar de los y las adolescentes durante el cierre de las escuelas. Cualquier restricción a los derechos humanos debe ser prescrita por ley, y de conformidad con el derecho internacional y debe ser evaluada rigurosamente.

Apoyamos la participación y el liderazgo de las mujeres y las niñas en todos los niveles de toma de decisiones, incluso a nivel comunitario, a través de sus redes y organizaciones para garantizar que los esfuerzos y la respuesta contra el coronavirus tengan en cuenta las cuestiones de género y no discriminen ni excluyan aún más a las personas de mayor riesgo.

Es crucial que los líderes del mundo reconozcan la importancia del Acceso Universal a los Servicios de Salud en emergencias y la necesidad de construir sistemas de salud robustos que puedan salvar vidas. En este contexto, son esenciales los servicios de salud sexual y reproductiva.  Nos volvemos a comprometer con la inmediata puesta en práctica de la declaración política sobre el Acceso Universal a los Servicios de Salud. La financiación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos debe seguir siendo una prioridad para evitar el aumento de la mortalidad materna y neonatal, el incremento de las necesidades no satisfechas de anticoncepción y un mayor número de abortos inseguros e infecciones de transmisión sexual.

En todo el mundo, las parteras, las enfermeras y los trabajadores de salud comunitarios son esenciales para contener al COVID-19 y todos requieren del equipo de protección personal. El embarazo y el parto seguros dependen de todos estos trabajadores de la salud, de instalaciones adecuadas y del estricto cumplimiento de la prevención de infecciones. Las enfermedades respiratorias en mujeres embarazadas, particularmente las infecciones por COVID-19 deben ser atendidas con urgencia debido al mayor riesgo de resultados adversos durante el embarazo y el parto. A medida que la cadena de suministro nacional e internacional se vea afectada por la pandemia, nos comprometemos a proporcionar productos de salud reproductiva a todas las mujeres y niñas adolescentes. Y también pedimos a los gobiernos del mundo que garanticen el acceso pleno y sin obstáculos a los servicios de salud sexual y reproductiva de todas las mujeres y niñas adolescentes.

Agradecemos los esfuerzos de los organismos multilaterales, incluidos los de las Naciones Unidas, especialmente UNFPA, ONU Mujeres, la OMS, el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo, así como las declaraciones del G7 y el G20 en sus esfuerzos de dar una respuesta global y coherente al COVID-19. Los exhortamos a trabajar con los gobiernos nacionales y a asegurar una respuesta efectiva garantizando el derecho a la salud y a la continuidad en el acceso a los servicios de salud esenciales.

Debemos coordinar todos nuestros esfuerzos en esta crisis de la salud global. Es por eso que apoyamos la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada ‘Solidaridad Global en la lucha contra el COVID-19 y alentamos a todos los gobiernos, al sector privado, a la sociedad civil, a los filántropos y otros grupos a que se unan a nosotros para apoyar la respuesta a la emergencia, especialmente en los países más vulnerables, y para dar efecto al compromiso global de acceso universal a los servicios de salud.

6 de mayo de 2020