La práctica de la tortura se ha normalizado e invisibilizando por muchos años, por ello, el compromiso del Gobierno de México es a erradicar totalmente toda forma de tortura y, en ese sentido, ha asumido con total seriedad la atención integral a víctimas de tortura y malos tratos, que permita superar la condición de vulnerabilidad en que las ha colocado este flagelo, y en apoyarles a retomar su proyecto de vida.
En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura queremos visibilizar que la violencia sexual es tortura cuando se comete por alguna persona servidora pública o bien, cuando da autorización o consentimiento para que alguien más la realice en contra de otra persona, con el fin de intimidarla, degradarla, humillarla, castigarla o controlarla, pero esto no siempre fue así, aquí te contamos cómo se logró que se reconociera la violencia sexual como tortura.
En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) dictó dos sentencias contra el Estado mexicano que sentaron un precedente regional de justicia, al reconocer la violencia sexual como tortura.
Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega son dos mujeres indígenas que, en 2002 y en distintas circunstancias, fueron víctimas de tortura sexual por elementos del ejército. En 2010, la CoIDH ordenó investigar los hechos. Para Inés y Valentina, el acceso a la justicia ha sido una larga lucha.
Para Valentina fue hasta 2018 que se dictó sentencia condenatoria por los crímenes de tortura y violación contra los dos militares que la agredieron sexualmente. La pena fue de más de 19 años y la reparación del daño. El caso de Inés aún sigue en investigación.
El caso de Valentina sentó precedentes para: establecer los términos “tortura sexual” y “violencia institucional castrense”; juzgar las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos del Ejército en instancias civiles; realizar investigaciones con perspectiva de género e intercultural, y, establecer penas adecuadas a la gravedad del delito.
Sin embargo, la tortura sexual es un delito que aún enfrenta retos para su debida investigación y sanción, como lo han visibilizado mujeres que la han vivido al ser detenidas tras participar en protestas. Por ello, el Gobierno de México apuesta a erradicar toda forma de tortura fortaleciendo los mecanismos de prevención, atención y protección a las mujeres víctimas de violencia con perspectiva de género e intercultural.
En el Gobierno de la Cuarta Transformación, por primera vez, el Ejército Mexicano, la Marina Armada de Mexicano, así como la Guardia Nacional asumieron el compromiso de erradicar la tortura y a partir de la autonomía de la Fiscalía General de la República se investigará cualquier acto de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y el poder Judicial se encargará de sancionar los abusos de las autoridades que lo ejecuten.
Asimismo, desde el Inmujeres trabajamos para fortalecer los mecanismos de prevención, atención y protección a las mujeres víctimas de violencia. Reiteramos nuestra solidaridad y total compromiso para erradicar estas prácticas que limitan el ejercicio de los derechos humanos y la integridad de las personas.
