Actualmente, las mujeres rurales constituyen una cuarta parte de la población mundial. En México, de los 61.5 millones de mujeres, 23 por ciento habitan en localidades rurales. También. representan el 34 por ciento de la fuerza laboral, por lo que esta población es responsable de más del 50 por ciento de la producción de alimentos en México.

Sin embargo, es una realidad que las mujeres y niñas rurales enfrentan particularidades y mayores obstáculos para ejercer sus derechos. Esto significa que las vidas de poco más de 10 millones de mujeres están determinadas por un territorio, condicionamientos culturales y redes de dependencia de producción y supervivencia radicalmente diferentes a las mujeres que viven en zonas urbanas.

De acuerdo con datos nacionales, 6 de cada 10 mujeres rurales viven en pobreza, la expresión más lacerante de la desigualdad. En materia de educación, las mujeres rurales mayores de 15 años han estudiado en promedio solo 6.6 años, cifra que a nivel nacional es de 9 años.

Respecto al acceso a los servicios de salud, en 2015, solo 13 por ciento de las mujeres rurales tenía cobertura de salud, y dos de cada tres muertes maternas que carecieron de atención médica ocurrieron en localidades rurales.

Además, a pesar de que las agricultoras producen la mitad de los alimentos, la tenencia de la tierra representa una de sus mayores dificultades. De acuerdo con datos del Registro Agrario Nacional, del padrón de 4.9 millones de personas que poseen núcleos agrarios en todo el país, más de 3.6 millones son hombres. En otras palabras, de cada 10 personas con derechos sobre la tierra, ni siquiera tres son mujeres.

Al no ser propietarias de la tierra, las mujeres no pueden recibir apoyos de programas de equipamiento, de infraestructura; tampoco créditos o apoyos económicos por pago de servicios ambientales.

Por otro lado, de la amplia y heterogénea gama de mujeres que habitan el mundo rural, son precisamente las mujeres indígenas, quienes enfrentan las peores condiciones y expectativas de vida, las que tienen menos opciones de desarrollo y empoderamiento personal.

Desde el INMUJERES estamos construyendo el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, PROIGUALDAD 2019-2024, la hoja de ruta de este gobierno para lograr la igualdad sustantiva. Por medio de los Foros de Consulta Mujeres Trabajando Juntas por la Transformación de México, realizados en las 32 entidades federativas pudimos conocer las voces de más de 4 mil 200 mujeres, entre ellas las de las mujeres rurales e indígenas y logramos identificar dos de sus principales necesidades:

•          Mejorar las condiciones de salud, vivienda e ingresos, especialmente con jefatura femenina y población indígena.

•          Promover el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra, el agua, la tecnología y la información de mercados.

Para dar una respuesta coordinada e integral, en el INMUJERES nos hemos reunido con las 43 Instituciones de la Administración Pública Federal, incluida la SEMARNAT y la SADER para diseñar acciones efectivas que tengan impacto en la vida de las mujeres rurales e indígenas. De igual manera con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público buscamos que cada dependencia cuente con presupuestos para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Paralelamente en el INMUJERES estamos impulsando este tema a través de la difusión de los derechos de las mujeres del sector rural, indígena y campesina. Actualmente, participamos en la revisión de los Programas Presupuestarios que participan en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) cuyo objetivo es impulsar el sector agropecuario.

Reconocemos a todas las mujeres rurales por el trabajo que realizan en nuestro país. Reafirmamos el compromiso para redoblar esfuerzos para que los programas y planes dirigidos al campo y al desarrollo comunitario tengan perspectiva de género y atiendan las necesidades de las mujeres que viven en zonas rurales.