Como parte de los trabajos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría de la Función Pública organizó el webinar: “Diálogos sobre corrupción y violencia de género”, para reflexionar sobre el efecto de la corrupción en la violencia de género, con la finalidad de visibilizar las principales problemáticas que afectan a las mujeres y coadyuvar a instrumentar estrategias que tiendan a su paulatina disminución.

Ante la presencia de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública; Doctora Fabiola Alanís, comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann, pidió no olvidar nuestra encomienda: “a unos días de conmemorar el 25 de noviembre, desde el Gobierno de México y del Instituto Nacional de las Mujeres vemos estos días como una oportunidad para decir “basta de las violencias contra las mujeres y las niñas”, “basta de seguir tolerando que las mujeres y niñas sigan siendo abusadas, maltratadas o agredidas”. Pero también, es una oportunidad para decirles a las mujeres y niñas de nuestro país que no están solas”.

Ante la situación actual que viven las mujeres en México, la secretaria Sandoval manifestó que “necesitamos una lucha colectiva con la mirada puesta en el sistema oligárquico y patriarcal que hay que erradicar, y así como tenemos que ser implacables para sancionar la violencia contra las mujeres, también debemos cuidar que no se confunda el disenso con la ofensa”.

En el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, está el mandato constitucional de promoción, respeto, protección y garantía de todos los derechos humanos. Y particularmente, tenemos la obligación de garantizar la vida y la integridad de todas las personas, especialmente de las mujeres y niñas, quienes constituimos más de la mitad de la población, procurándoles una vida con mayor bienestar, con paz, con seguridad y con oportunidades de desarrollo y crecimiento.

Por ello, Fabiola Alanís afirmó que “hoy es prioritario garantizar que todo México asuma la violencia de género como un problema inaceptable que no debe ser tolerado”, por lo que hizo un reconocimiento a los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral para prevenir, atender y sancionar la violencia política y física contra las mujeres. No debe haber espacios ni en el gobierno ni en el sector privado para acosadores, y sólo pueden aspirar a cargos públicos, por elección o designación, quienes tienen un respeto absoluto por los derechos de las mujeres”.

Además, otro de los males que aquejan al país es la corrupción afecta a todas las personas, pero no en la misma medida ni con el mismo impacto, y en particular afecta a las mujeres, quienes en muchas ocasiones se ven obligadas a pagar sobornos por servicios de salud y educación pública, por lo que la Función Pública ha fortalecido la vigilancia en esos sectores mediante visitas a hospitales y centros de salud, además de promover mayores medidas de prevención en estas instituciones y en el sistema educativo nacional.

“Si bien las mujeres y las niñas mexicanas no perciben de forma diferente la corrupción, sí están expuestas a sufrir sus mayores impactos, por los altos niveles de impunidad que desgraciadamente se viven en varias partes del país. Por ejemplo, en comparación con los hombres, las mujeres padecen consecuencias de la corrupción en ámbitos como: Participación política de las mujeres; presupuestos diferenciados y programas sociales; acceso a la economía y emprendimiento; quizá uno de los ámbitos donde la corrupción afecta más a las mujeres en la procuración es la procuración e impartición de justicia, como en las denuncias que se realizan por abuso sexual, ya que solo 2.7 de cada 100 denuncias por ese delito llegó a una sentencia condenatoria en el periodo 2017-2019; con ello, podemos detectar que el 97% restante continua impune”, indicó Gasman.

Actualmente, la Función Pública aporta las herramientas necesarias para la atención eficiente, con celeridad y sin revictimizar a las mujeres que denuncien actos de acoso y hostigamiento sexual en la Administración Pública Federal, y a la fecha se han capacitado el 90% de ellos para resolver asuntos de violencia sexual en el Gobierno de México.

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