Desde 2008, el 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales, con el cual se busca reconocer la pluralidad de identidades de las mujeres que habitan y construyen diariamente el medio rural en las distintas regiones del planeta. El establecimiento de este día apunta también a resaltar “la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”[1].
El reconocimiento a las mujeres rurales se vincula con su importancia en el mantenimiento y desarrollo de la vida rural, con todos los beneficios que implica para la producción de alimentos, conservación de los ecosistemas, aprovechamiento de servicios ambientales y uso sustentable de los recursos naturales. Sin embargo, es igualmente relevante para la visibilización de las desventajas con que viven.
Si históricamente se han generado y sostenido las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, en el ámbito rural, este proceso ha tenido impactos más profundos que obstaculizan el pleno desarrollo de las mujeres en función del cumplimiento de sus derechos humanos. La violencia, la discriminación, la marginación y la exclusión son dinámicas que acontecen de manera cotidiana en los contextos rurales y agrarios, dejando a las mujeres sin acceso a su fortalecimiento en términos sociales, políticos, económicos y culturales.
Por tanto, en 2017, la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales se refiere al empoderamiento de las mismas, relacionándolo además con los Objetivos del Desarrollo Sostenible para “poner fin a la pobreza y el hambre, alcanzar la seguridad alimentaria”[2] y reducir las desigualdades que inhiben el desarrollo de las niñas y mujeres.
A este respecto, el Instituto Nacional de las Mujeres coadyuva con las acciones que el Gobierno Federal realiza a través de sus programas y que permiten a las mujeres rurales de México acceder a instrumentos y recursos que aseguren su identidad jurídica, la obtención de apoyos para la producción agrícola, títulos de propiedad, entre otros, que viabilizan la reducción de las brechas de desigualdad, así como el desarrollo de las niñas y las mujeres mexicanas que impulsan y fortalecen el ámbito rural.
Entre las áreas de oportunidad para mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales, se requiere la puesta en práctica de medidas recientes de carácter legal e institucional. Es decir, en México existen avances aún por implementarse o que se encuentran en etapas iniciales de ejecución, por ejemplo, con las modificaciones a la Ley Agraria para fomentar la inclusión de más mujeres en puestos decisivos dentro de los comisariados ejidales, de bienes comunales y consejos de vigilancia, con lo que se busca garantizar los derechos de las mujeres en la participación de órganos de toma de decisión, pero también la integración de las mujeres rurales en la conformación de soluciones a las problemáticas y necesidades de sus comunidades.
El reto es incrementar el porcentaje de participación de las mujeres en cargos como presidentas de órganos de participación en los núcleos agrarios. A partir de esto, será necesario realizar tareas coordinadas que refuercen el empoderamiento de las mujeres rurales de modo que se impulse su desarrollo personal y colectivo.
