A 66 años del reconocimiento de los derechos de las mujeres a votar y ser votadas, en 2019 celebramos que el pasado 6 de junio, el presidente de la República expidió el Decreto por el que se reformaron diversos artículos constitucionales en materia de paridad entre géneros, resultado del trabajo de las legisladoras, de los órganos electorales administrativos del Estado mexicano, de los órganos electorales jurisdiccionales, de académicas, activistas y diversas personas que han luchado para garantizar los derechos de las mujeres.

Lo anterior, es de celebrarse pues implica la paridad en los principales espacios de toma de decisiones públicas y de participación política; sin embargo, a pesar de ser un logro que incluso países más desarrollados que México no han conseguido, también trae consigo grandes retos.

Por un lado, es importante tener claro cómo hacemos sustentable la paridad, es decir, cómo hacerla efectiva en el cumplimiento de todas las garantías constitucionales, pues hacer política es muchas veces incompatible con la aún persistente división sexual de trabajo que existe en nuestra sociedad y que se recarga en las mujeres.

En ese sentido, es preciso cambiar las condiciones estructurales en donde las mujeres operarán políticamente ahora en paridad. Es necesario ampliar los derechos sociales de las licencias de maternidad y paternidad y las opciones para tomarlas; establecer claramente medidas de conciliación entre la vida laboral y la vida privada y establecer un sistema de cuidados bien remunerados. Las posibilidades de acción política se siguen viendo limitadas por estas responsabilidades vinculadas cien por ciento con los roles de género, razón por la cual se requieren cambios legales, modificaciones administrativas y cambios en nuestras prácticas culturales y cotidianas.

Por otro lado, es fundamental prestar atención en cómo atender sus efectos secundarios no deseados. Más mujeres están y vendrán a ocupar cargos que antes eran del monopolio de los hombres e igual que en economía, el monopolio se resiste a que las mujeres participen de las decisiones más importantes, por lo que es latente el riesgo del incremento de la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Por ello, las iniciativas que se han presentado y continúan en evaluación para tipificar la violencia política son necesarias, pero no suficientes; desde mi perspectiva, se requiere por lo menos:

a) Activar los mecanismos internos de los partidos políticos para sancionar con la pérdida del registro o de la candidatura a quienes ejerzan violencia política en razón de género.

b) Que la coordinación interinstitucional sea ágil y eficaz, las medidas de protección deben dictarse de inmediato y hacerse efectivas.

c) Capacitación tanto para los partidos políticos y su militancia, como para quienes recibimos sus quejas o denuncias.

México siempre ha sido un país responsable en términos de tener una legislación sólida, firmar y ratificar convenios internacionales y aceptar las recomendaciones de los Comités. La cuestión formal de aprobación de leyes importa y mucho; sin embargo, la práctica derivada de la norma es lo esencial y ahí en las áreas de oportunidad vendrán los retos que debemos asumir y no abandonar.

Por lo anterior, es fundamental continuar con la investigación sobre el desenvolvimiento de la paridad en los diversos ámbitos; documentación cuantitativa de dónde están las mujeres; registros cualitativos de la calidad de su gestión y de sus experiencias; espacios para compartir estas experiencias como son redes de mujeres y redes de mentoraje; desatar las discusiones afortunadamente no saldadas dentro del feminismo y promover la ampliación de los derechos de la diversidad de mujeres.