Por: Román Guillermo Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Los principios de igualdad e inclusión que rigen esta Cuarta Transformación nos obligan a tomar la perspectiva de género como un eje rector de nuestras acciones. El conjunto de reformas, políticas y programas que impulsamos, nos permiten construir un marco de acción ideal para disminuir las brechas sociales, políticas y económicas entre mujeres y hombres. 

 En materia territorial, la desigualdad de género se traduce en una falta de acceso a oportunidades para las mujeres. En los casos de la vivienda y de la propiedad de la tierra el reto es enorme. Las mujeres son propietarias de apenas la tercera parte de las viviendas propias en México (Inmujeres, 2016). Por otra parte, de poco más de 4.31 millones de ejidatarios y comuneros que viven en los 32,202 núcleos agrarios del país, sólo 29% son mujeres. Por si fuera poco, las ejidatarias y comuneras son más minifundistas en términos relativos, y en su mayoría tienen predios de cinco hectáreas o menos (Registro Agrario Nacional, 2020).

Estas brechas son atribuibles a desigualdades sistémicas de fuerte arraigo, que sólo pueden revertirse con un esfuerzo integral de todas y todos, comenzando por supuesto con el gobierno federal. Al inicio de esta administración, nos propusimos que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) delineara acciones específicas para visibilizar a las mujeres, sobre todo en sectores altamente masculinizados. En 2019 se diseñó, y actualmente se implementa, la estrategia por la igualdad de género #MujeresEnElTerritorio, una iniciativa que arropa acciones afirmativas en favor de las mujeres, con la incorporación práctica y eficaz de la agenda de género, no solamente al interior de nuestros espacios laborales, sino también en nuestras políticas públicas.

Gracias a esta estrategia, el enfoque interseccional ahora es una pauta indispensable en las diferentes formas de intervención a lo largo y ancho del país. Buscando integrar la experiencia de cada mujer en México, hemos propuesto cambios a las estructuras institucionales que impactarán positivamente los objetivos y las agendas de trabajo, así como el diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación de planes y proyectos.

#MujeresEnElTerritorio responde a tres directrices: 1) igualdad de género; 2) prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; y 3) no discriminación. Para su cumplimiento, seguimos tres ejes de trabajo: 1) institucionalización y transversalidad de la perspectiva de género; 2) trabajo de coordinación interinstitucional e intergubernamental, y 3) participación de las mujeres en el territorio. Gracias a esta metodología, ahora llevamos a cabo una planeación sectorial más sensible e inclusiva. Tenemos un programa de sensibilización y desarrollo de capacidades para el personal de la Sedatu y sus entidades sectorizadas, y además, todas nuestras acciones institucionales se apegan a los principios de igualdad laboral y no discriminación.

 Más allá de estas acciones, avanzamos cada día en nuestros proyectos de participación femenina, tenemos más intervenciones en el territorio con mujeres, y fomentamos el intercambio de experiencias exitosas. Me honro en compartir que en nuestros proyectos de obra pública hay cada vez más mujeres arquitectas e ingenieras que demuestran cómo un sector tan masculinizado como el de la construcción es también de las mujeres.  

Otro dato muy importante es que las estrategias de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) tienen a la mujer como el centro de sus acciones. Al día de hoy, prácticamente las dos terceras partes de las acciones de la Conavi se concentran en apoyar las mujeres. También, en marzo de este año emitimos la primera edición de la Convocatoria Mujeres en el Territorio, con el objeto de incentivar a mujeres de toda la república a desarrollar propuestas que visibilicen su papel en la transformación del país, generando espacios incluyentes y libres de discriminación. Por último, el 15 de octubre se pusimos marcha el proyecto Mujeres por el Acceso a la Tierra, una colaboración entre Sedatu y la Procuraduría Agraria, con la meta de reconocer los derechos agrarios de por lo menos 600 mujeres rurales e indígenas que trabajan la tierra en zonas de alta marginación. 

La suma de todos estos logros constituye una estrategia de largo alcance que mueve nuestras acciones en dirección de algo que no puede ignorarse ni postergarse más. La igualdad de oportunidades en nuestro país, y la representación paritaria de cada sector de la población, son requisitos fundamentales para ejercer una transformación auténtica y honesta, de la que nadie, independientemente de su condición de género, quede fuera.

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