Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) buscan acabar con el hambre, la pobreza y la desigualdad, en el marco de los derechos humanos. Se considera fundamental aplicar cambios profundos a nivel jurídi- co y legislativo que permitan garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Los 17 ODS comprometidos en la agenda internacional contemplan con claridad los principales obstáculos que la desigualdad y la discriminación por razones de género imponen al logro de cada uno de ellos. Por esta razón, con el consenso de todos los gobiernos, se consideró a la igualdad de género como eje transversal de todos los ODS, y se comprometieron a realizar todos los esfuerzos a su alcance para incluir medidas específicas, tanto en el ámbito legislativo como en el de las políticas, programas, planes y presupuestos, buscando con ello derribar obstáculos que enfrentan las mujeres para benefi- ciarse de los avances del desarrollo y ejercer sus derechos.
En México, como en muchos otros países, las mujeres siguen teniendo una escasa o nula participación en los puestos de toma de decisiones y de liderazgo, tanto en el sector público como privado; son objeto de discrimi- nación en el mercado laboral, lo que se traduce en desigualdad salarial, violaciones en el ejercicio de sus derechos reproductivos, y hostigamiento y acoso sexual; son responsables de la mayor parte de la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado; continúan siendo víctimas de distintos tipos de violencia por razones de género, ya sea sexual, física, psicológica, patrimonial o económica, por parte de sus parejas o de fami- liares y desconocidos; son blanco continuo de prácticas discriminatorias y dañinas, como la unión temprana y el embarazo infantil y adolescente.
En este contexto, es claro que se requiere alcanzar amplios consensos e intensi car los esfuerzos de todos los poderes y órdenes de gobierno, y llevar a cabo las transformaciones profundas para avanzar en la Agenda 2030.
En el ámbito federal se han dado pasos importantes en materia legislativa para erradicar disposiciones discriminatorias en las leyes y normas, y para contar con instrumentos de política que han permitido avanzar de manera signi cativa en la gobernanza para la igualdad. Pero estos esfuer- zos todavía son insu cientes, no sólo porque aún se requieren reformas importantes para que la política pública en ese nivel se institucionalice y de resultados. También porque los Estados no han logrado conseguir los estándares mínimos que impone la política nacional de igualdad.
Legislar con perspectiva de género significa revisar y asegurar que la política nacional de igualdad descanse sobre cimientos rmes, armonizados en todo el territorio nacional, más allá de la buena o nula voluntad de los gobernantes. Se requiere asegurar que los “aceleradores” contemplados en los ODS en materia de igualdad de género efectivamente sean considerados como medidas especiales que puedan servir como catalizadores para el cambio de la realidad vivi- da por las mujeres y las niñas de nuestro país.
Fuente: Suplemento TODAS.- Opinión de María de la Paz López Barajas.