El embarazo adolescente es un grave problema en la región de América Latina y el Caribe y México no esta exento de esta situación. Por ello, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) presentó el Informe sobre las consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes en México, cuyo objetivo es dar a conocer a quienes están en la toma de decisiones y al público en general, las graves consecuencias para las generaciones actuales y para el país si no se actúa oportunamente para prevenir los embarazos a temprana edad.

En México, la tasa de fecundidad adolescente se sitúa por encima de la media mundial, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud para 2018, del total de nacimientos registrados con certificado de nacimiento, 18.5% fueron de madres de entre 10 y 19 años; además se calcula que diariamente, en promedio, 32 niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres, muchas a veces resultado de la violencia sexual perpetrada por sus propios familiares.

El estudio del UNFPA indica que el embarazo en adolescentes y la maternidad temprana tiene altos costos en términos económicos y de bienestar: “le cuesta millones, a nuestro sistema de salud y a nuestras familias; le cuesta ingresos y mejores posibilidades de trabajo a nuestras jóvenes; y le cuesta años de educación a nuestras niñas y adolescentes. Un costo que, sumado, llegó a los 63 mil millones de pesos durante 2018”, destacó Gasman durante su intervención.

Además, explicó que el embarazo adolescente aumenta las brechas de desigualdad en el empleo y no solo en comparación con los hombres sino con mujeres que fueron madres ya en edad adulta. Sabemos que hay 42% de mujeres que están en el mercado formal por 78% de hombres, y esta brecha, cuando las mujeres han sido madres adolescentes se incrementa; “cuando hablamos de cerrar las brechas, de no dejar a nadie atrás y a nadie afuera, tenemos que fijarnos en cómo prevenir estos embarazos en adolescentes y erradicar los embarazos en las niñas”, agregó Gasman.

Por ello, para el Inmujeres y el Gobierno de México son prioridad erradicar el embarazo infantil y disminuir el embarazo en adolescentes y se trabaja en dos tipos de respuesta: los programas dirigidos a eliminar este problema y las acciones emergentes como respuesta durante la pandemia.

En este sentido, el Proigualdad 2020-2024 es la hoja de ruta para articular los esfuerzos y trabajos de toda la Administración Pública Federal en materia de igualdad de género y en el que ha quedado establecido como uno de sus objetivos prioritarios, mejorar las condiciones para que las mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar y la salud sin discriminación desde una perspectiva de derechos.

Algunas acciones estratégicas que estamos trabajando son: adecuar contenidos para fortalecer las capacidades de autocuidado y autonomía de las niñas en las escuelas; impulsar estrategias para fomentar que las adolescentes y jóvenes madres y/o embarazadas continúen sus estudios; y generar las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, entre otras.

También, en el Inmujeres, bajo la lógica de fortalecer el trabajo local de prevención del embarazo adolescente y erradicar el embarazo infantil, estamos dando recursos del Fondo para el Bienestar y el Adelanto de las Mujeres (antes PROEQUIDAD) por segundo año consecutivo para que las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas impulsen acciones en la materia.

El Inmujeres reitera su compromiso para que el embarazo, la maternidad y la crianza sean elecciones tomadas, desde la autonomía, la libertad y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

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