La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann, participó en el seminario internacional “Las Reformas Políticas a la Representación en América Latina”, en el que habló sobre el largo camino que se ha tenido que recorrer en la región para promover y proteger los derechos político electorales de las mujeres y el combate a la violencia política en razón de género.

En América Latina, a partir del año 1991, los países fueron incorporando acciones afirmativas a favor de los derechos políticos de las mujeres. Las llamadas “cuotas de género o cuotas de paridad” fueron avanzando poco a poco como medidas inmediatas para revertir la desigualdad estructural que enfrentaban las mujeres en el ámbito político. Argentina fue de los primeros países que implemento este tipo de cuotas, pero en México llegó hasta el 2012. De acuerdo con la Unión Interparlamentaria para el año 2013, sólo 37 países en el mundo alcanzaron el piso mínimo de 30% de participación de mujeres en el parlamento.

Sin embargo, la conquista por los derechos de las mujeres no ha sido fácil, pues al ganar más espacios de poder, se visibilizaron las resistencias a la participación de las mujeres en la política. Un ejemplo claro es la violencia política contra las mujeres, que por mucho tiempo había estado naturalizada y oculta, al asociarla como parte del costo de hacer política, pero que también fue una reacción al avance de las mujeres en este ámbito el piso mínimo de 30% de participación de mujeres en el parlamento.

Llegar a una conceptualización de violencia política por razón de género, fue un debate intenso en América Latina, al principio a todo se le llamaba violencia política, fue entonces que se cuestionó que el género era un elemento importante a considerar. La definición tardo años en establecerse, pero la sanción y la reparación fue mucho mayor, “en México llegó hasta abril de 2020, con una reforma de gran relevancia que modificó ocho ordenamientos legales. Esta reforma tuvo como resultado definir el concepto de violencia política contra las mujeres, establecer criterios para emitir medidas cautelares y sancionar este tipo de actos, incluir un catálogo de sujetos responsables, así como definir las obligaciones y responsabilidades de las autoridades e instituciones en materia de prevención, promoción y garantía de los derechos políticos de las mujeres”, comentó Nadine Gasman.

El reconocimiento de la violencia política en el marco jurídico e institucional de nuestro país es una conquista posible gracias a los colectivos de miles de mujeres organizadas en torno al espíritu de la paridad, y “aunque hemos logrado avances legislativos en varios países de la región, ahora el reto principal es su implementación efectiva. Debemos asegurar que las mujeres puedan obtener medidas de justicia prontas y de manera integral, y que los actos de violencia sean sancionados, porque estas formas de violencia no solo afectan a las mujeres de forma individual, sino también inhibe y restringe participación política de otras mujeres”, precisó la presidenta del Inmujeres.

Para avanzar en este reto planteado por Gasman Zylbermann, los sistemas jurídicos, y sus operadores y operadoras, deben agotar todos los esfuerzos institucionales en el ámbito electoral, administrativo y penal para disuadir comportamientos de violencia política. Este tipo de actos implican mensajes sociales de enorme poder, porque el Estado, a través de las instituciones, está manifestando cero tolerancia para la violencia política y deja en claro que aquellos que la cometan enfrentarán sanciones ejemplares. Así como construir mecanismos claros, sencillos y rápidos de atención a la violencia política.

A pesar de estos logros alcanzados todavía queda mucho camino por recorres, uno de ellos es el cambio cultural que se debe trabajar en la sociedad, como lo indica la catedrática mexicana Leticia Bonifaz que pidió a las autoridades electorales de México y de la región a “emprender campañas de concientización para decir claramente lo que es la violencia de género y sus distintas manifestaciones porque actualmente hay dudas en ese aspecto porque se sigue pensando que el único tipo de violencia que existe es la física. Hay que entender que hay violencia psicológica, violencia económica, violencia patrimonial y muchos otros tipos que afectan a las mujeres que intentan cumplir sus proyectos de vida”.

Ahora, estos avances en la región deben de plasmarse en liderazgos femeninos, como lo describió la politóloga paraguaya Line Bareiro en su intervención: “con la pandemia del Covid-19 nos debemos tomar en serio la manera de universalizar los derechos de las mujeres. Ahora en América Latina no estamos saliendo como las que lideramos el pensamiento o las acciones, para explicar que las mujeres somos las que podemos gobernar mejor tenemos que voltear a los liderazgos de mujeres en Europa u otros lugares del mundo, como en Alemania, Finlandia y Nueva Zelanda. No podemos salir como las víctimas, de esta manera no podremos liderar a la región hacia un mejor futuro”.

Para concluir, Nadine Gasman subrayó que “debemos hacer énfasis que las estrategias exitosas deben involucrar a diversos actores, como lo son partidos políticos, sociedad civil, poder legislativo, instituciones electorales y prensa, entre otros. Desde el Inmujeres, a través del trabajo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México y los Observatorios locales pondremos todos nuestros esfuerzos para generar estrategias de coordinación entre ambos mecanismos, y con otros actores relevantes para resolver el problema”.

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