Análisis de la incorporación de la política climática en instrumentos de planeación estatales

En 2012, con la publicación de la Ley General de Cambio Climático, se establecen las atribuciones y responsabilidades de los gobiernos subnacionales para la mitigación y adaptación al cambio climático. A partir de entonces (y en algunos casos desde antes) los gobiernos estatales han avanzado en el desarrollo de instrumentos de política específicos, previstos tanto en la Ley como la Estrategia Nacional de Cambio Climático, así como en la incorporación de este enfoque para la atención de otros problemas públicos también previstos en la Ley. 

No obstante, a nivel nacional se tiene muy poca claridad respecto al nivel de avance actual de dichos esfuerzos estatales. En este sentido, en el presente trabajo se analiza la incorporación del enfoque de cambio climático en diecisiete instrumentos de política (leyes, reglamentos, planes, programas, entre otros) de las 32 entidades federativas de México. De los cuáles, seis son instrumentos especializados en cambio climático (previsto en la Estrategia Nacional de Cambio Climático) y once no; sin embargo, estos últimos están orientados al desarrollo local y son considerados estratégicos para una adecuada implementación de la política climática por su vinculación con actividades importantes para la mitigación y adaptación al cambio climático. 

A continuación, se enlista la relación de los instrumentos estatales analizados: 

Para este trabajo se retomaron los resultados un diagnóstico que realizó el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en 2019, en torno a la disponibilidad o no de dichos instrumentos en las 32 entidades federativas. A partir de este, se llevó a cabo un análisis cualitativo con base en dos etapas. En la primera, se identificaron las disposiciones oficiales sobre los criterios o elementos que los gobiernos estatales deben considerar para desarrollar o adaptar dichos instrumentos, en términos de los establecido en la Ley General de Cambio Climático, la Ley General del Equilibrio Ecológico para la Protección del Ambiente u otras disposiciones aplicables de orden federal.  

Posteriormente, en la segunda etapa, se analizó cada uno de los instrumentos señalados en el diagnóstico, a la luz de los criterio o elementos identificados en la primera etapa. Esto permitió comparar las expectativas que existen para cada uno de ellos, en apego a lo dispuesto en la normativa vigente y sus características reales.  

Cabe señalar que este análisis se realizó por entidad federativa, por tanto, los resultados se integraron en 32 documentos. Los cuáles es esperan sirvan a las autoridades estatales como referencia para identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad en la incorporación del enfoque de cambio climático en el marco de sus atribuciones.