Resumen ejecutivo de la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018

La ENDOSIG 2018 es un proyecto conjunto del Conapred y la CNDH, y su propósito es conocer las condiciones de discriminación estructural y de violencia que enfrentan las personas con orientaciones sexuales o identidades de género no normativas.

Instituto Nacional de Desarrollo Social | 04 de julio de 2019
Banner sobre la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018. La ENDOSIG se levantó en línea entre el 12 de marzo y el 31 de mayo de 2018 y fue dirigida a personas de 16 años y más residentes en territorio nacional y que se autoidentifican como gays, lesbianas, bisexuales, trans y de otras orientaciones sexuales.

La Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018 (ENDOSIG) es un proyecto conjunto del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y su propósito es conocer las condiciones de discriminación estructural y de violencia que enfrentan las personas con orientaciones sexuales o identidades de género no normativas.

La encuesta se levantó en línea entre el 12 de marzo y el 31 de mayo de 2018, y fue dirigida a personas de 16 años y más residentes en el territorio nacional que se autoidentifican como gays, lesbianas, bisexuales, trans (transgénero, travestis, transexuales) y de otras orientaciones sexuales o identidades de género (OSIG) no normativas.

Por la metodología utilizada, los datos solo son representativos de la población que contestó la encuesta, y no de todo el universo de personas con OSIG no normativas en México.

La ENDOSIG permite evidenciar que uno de los grupos de la población que enfrenta mayor rechazo, discriminación y violencia es el de las personas con una OSIG no normativa. Son frecuentemente rechazadas por sus propias familias y comunidades, son objeto de acoso y agresión en las calles, enfrentan obstáculos en los sistemas educativo, de salud y seguridad social, reciben un trato discriminatorio en el mercado de trabajo y en los servicios, y no reciben suficiente protección y reparación en el ámbito de la justicia.

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