El 14 de diciembre de 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de su resolución 45/106, proclamó el 1° de octubre “Día Internacional de las Personas de Edad” (Avanzada), para reconocer la contribución de los adultos mayores al desarrollo económico y social, así como resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento demográfico.

La celebración, que se ha venido conmemorando desde 1991, busca dar seguimiento a las iniciativas de la ONU entre las que se encuentra el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, que fue aprobado en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de 1982.

En la actualidad hay cerca de 700 millones de personas mayores de 60 años, y para 2050 se calcula que la cifra podría sobrepasar los 2 mil millones, lo que supone un 20 por ciento de la población mundial. Este aumento será el mayor y más rápido en el mundo, por tanto, es necesario que prestemos mayor atención a las necesidades y desafíos particulares de las personas mayores.

Esta celebración de 2018 tiene por objetivo:

  • Promover los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), adoptada en 1948, y lo que estos significan en la vida cotidiana de las personas mayores.
  • Dar mayor visibilidad a las personas mayores como partes activas integrantes de la sociedad comprometidas a mejorar el goce efectivo de los derechos humanos en diversos ámbitos de la vida y no solo de aquellos que los afectan de manera inmediata.
  • Reflexionar sobre el progreso y los desafíos para garantizar el disfrute pleno e igual de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas de edad.
  • Involucrar a un público amplio en todo el mundo y movilizar a las personas por los derechos humanos en todas las etapas de la vida.

Las personas mayores, como grupo que se ha quedado atrás, son una prioridad en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El lema y el principio cardinal de esta consiste justamente, en “que nadie se quede atrás”, esto supone que cada país debe identificar, en su propio contexto, cuáles son aquellos grupos que han quedado atrás, aquellos grupos que han sufrido discriminación y marginalización y no disfrutan plenamente de sus derechos.

La Agenda 2030, es producto de un intenso proceso de debate y participación de diversos actores a nivel mundial. No es casual, entonces, que la riqueza y complejidad del texto final refleje esa pluralidad de voces, incluidas las que representan a las personas mayores.

La Agenda 2030, es un documento que ofrece diversas herramientas y estratégicamente que pueden ser empleadas para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas de edad, como son: 1. El Objetivo 2, relativo a la erradicación del hambre, la meta 2.2  propone poner fin a la malnutrición teniendo en cuenta, entre otros grupos, a las personas de edad; 2. Objetivo 11, sobre ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, dos metas incluyen menciones específicas a las personas mayores: en la meta 11.2 sobre los sistemas de transporte y en la meta 11.7 sobre el acceso a zonas verdes y a espacios públicos seguros.

En México, en el marco de la celebración del “Día Internacional de las Personas de Edad”, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentó este año un conjunto de indicadores asociados a la actividad económica de la población de 60 años o más.

Entre los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, se indica que, en el segundo trimestre de 2018, el porcentaje de Población Económicamente Activa (PEA) de 60 años o más fue de 34.1 por ciento.

Asimismo señala que, casi la mitad de la población ocupada de 60 años o más (49.6%) trabaja por cuenta propia.

Conforme a su actividad de ocupación, 21.3% de la población ocupada de 60 años o más se dedican a actividades elementales y de apoyo, 20.8% son trabajadores agropecuarios y 15.2% son comerciantes, empleados y agentes en ventas

Esta celebración es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso, como sociedad y gobierno, de promover y garantizar el cumplimiento pleno de los derechos y libertades fundamentales de las personas de edad avanzada. Asimismo, no debemos olvidar que este sector de la sociedad puede seguir contribuyendo de manera esencial al buen funcionamiento de la sociedad, si se establecen las garantías adecuadas.