Pensar el futuro del sistema de salud de nuestro país mientras lo transformamos representa un reto y una obligación. Hacerlo durante la reunión plenaria de presidentes de la Concanaco (el pasado 25 de mayo en Guanajuato) nos ha dado esperanza, porque se ha hecho patente el interés de la clase empresarial para construir con justicia un mundo post-pandemia para todas y todos.

La gran cuarentena mundial por covid-19 sometió a los sistemas de salud, y particularmente a los prestadores de servicios médicos a niveles inéditos de exigencia. Se pusieron en evidencia necesidades, carencias y deudas históricas. Marcadamente: el déficit de médicos especialistas.

La Organización Mundial de la Salud y la OCDE han advertido sobre la necesidad de fortalecer el sistema mundial de salud. Y aunque ya hay esfuerzos como el de Inglaterra, Colombia o Canadá que promueven la telemedicina; el de Italia, Francia o Australia que invierten en infraestructura; o el de España que promueve la atención primaria en salud, no dejan de ser esfuerzos aislados. En México hemos intensificado la estrategia de reclutamiento de médicos especialistas.

Lo que hoy está en las discusiones académicas y las decisiones públicas es el replanteamiento de los sistemas de salud respecto a dos dimensiones: quién paga y quién provee los servicios médicos.

Y aunque estudiosos de los diseños y resultados de distintos sistemas de salud en el mundo, como Thomas Roy Reid, sostienen que: un sistema de salud es un reflejo de la historia, la política, la economía y los valores de cada país. Al final de cuentas, la decisión técnica es un: quién paga y quién provee los servicios.

Entonces, hablemos del IMSS Bienestar. ¿Qué tipo de sistema es para la atención médica de personas sin seguridad social? En estricto sentido es un modelo derivado del modelo Beveridge o de medicina socializada. El pagador es público y el proveedor es público ¿Cuál es entonces la diferencia con el Seguro Popular?

Si bien con el Seguro Popular el financiamiento era público, los proveedores eran las Secretarías de Salud de los estados, en Hospitales rotulados por el Seguro Popular.  Esa fragmentación generó 32 modelos de atención, coberturas distintas, cuadros básicos diferenciados, imposibilidad de planear centralmente condiciones salariales para el personal, desequilibrios, asimetrías y desigualdad. Esa es la gran diferencia: el órgano público descentralizado IMSS Bienestar que planteamos es un proveedor de atención médica centralizado.

El pasado 29 de abril de 2023 se aprobó la Reforma a la Ley General de Salud. ¿Qué busca esa reforma? Unir lo que nunca debió separarse: el financiamiento de la prestación de servicios médicos. Se pasa a un nuevo modelo donde tanto el pagador como el proveedor son públicos.

Además del sistema, está el Modelo de Atención. Se ha hablado mucho del sistema de salud en Dinamarca. Pero esto no se refiere a nuestro perfil epidemiológico, ni a nuestras características socio-demográficas, sino a elementos de su diseño institucional: público, universal y gratuito, preventivo y centralizado.

La pandemia dejó muchas lecciones sobre los problemas a los que se enfrentan los países que tienen separado el financiamiento de la prestación del servicio: Alemania tuvo que cambiar su forma de pagar, que antes era por día-cama, lo que generó prolongadas estancias muchas veces innecesarias. En China 46 consorcios de hospitales se han declarado en bancarrota, otros 36 en Estados Unidos y 33 más en Japón.

El mundo cada vez lo tiene más claro: pensar en el futuro en salud es pensar en la universalización.
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