Con el fin de evaluar los logros alcanzados en materia de juventud durante la actual administración, es que el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) realizó en las instalaciones del Museo Interactivo de Economía, la Séptima Reunión del Comité de Seguimiento al Programa Nacional de Juventud (Projuventud) 2014-2018.

Dicho comité, está conformado por más de 60 instituciones, algunas dependencias de la Administración Pública Federal (APF), y en este ejercicio, como cada año, se han sumado tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Judicial, en el entendido de que el conjunto de la política nacional de juventud necesita de la transversalidad.

Es así que su objetivo es contar con información sistematizada que dé cuenta del nivel de implementación del Projuventud 2014-2018, así como del monitoreo de los indicadores del presente programa y sobre los avances y áreas a fortalecer en la incorporación de la perspectiva transversal de juventud en dependencias de la APF.

Así lo dijo el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en la Ciudad de México (CDMX), José Alfonso Rivera Rodríguez, quien además, agregó que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 38.7 millones de jóvenes, hombres y mujeres, de entre 12 a 29 años de edad.

Dicho bono poblacional, subrayó, es la mayor ventaja de la que dispone el país para que su economía siga creciendo y para que más personas alcancen su realización personal, pero para ello, es necesario aprovechar al máximo, mediante políticas públicas efectivas y específicas, todos sus talentos, capacidades y habilidades.

“Es ahí donde radica la importancia de coordinar un Comité como el presente, que evalúa la política para este sector y que dota de información sólida para que las instituciones de la APF puedan ser más eficientes y encontrar áreas de oportunidad para que se pueda seguir construyendo un país mucho más próspero”, comentó.

Por su parte, el encargado de despacho de la dirección general del Imjuve, Guillermo Noyola Vega, destacó que para llegar a este punto, primero se realizó la Consulta Nacional Juvenil (CNJ) 2013, mecanismo en el que más de 50 mil jóvenes de todo el país alzaron sus voces para hacer saber al Gobierno sus demandas.

Con base a ello, añadió, es que se construyó el Projuventud 2014-2018, cimentado en cuatro pilares: Prosperidad, participación, bienestar e inclusión, sobre los cuales se desarrollaron las políticas públicas y se transversalizó la perspectiva de juventud, buscando garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas jóvenes.

“Una vez puestas en marcha esas políticas, se decidió monitorear su avance a través de este Comité de Seguimiento, que tiene el gran reto de que se pueda desagregar la información en cada una de las instituciones de la APF por género, rango de edad, etc., para focalizar aún más los esfuerzos y obtener mejores resultados”, señaló.

Por último, el director general adjunto de Coordinación Interinstitucional de la Sedesol, William Peralta Lazo, indicó que la atención a las y los jóvenes a través de políticas públicas integrales, representa una de las mejores inversiones del Estado, pues ellos representan, el cuidado del presente y el futuro de todo el país.

“Los jóvenes son un activo importante pues por sus características particulares y propias de la edad: dinamismo, creatividad, emprendimiento, pasión y arrojo; tienen el potencial para fungir como catalizadores del desarrollo del país y el reto del Gobierno es poder canalizar esa energía hacia la transformación”, informó.

Para vencer este reto, concluyó, el Projuventud es la mejor herramienta, y por ello es que resulta fundamental poder conocer los avances y retos en el cumplimento de sus 279 líneas de acción, evitando así también la fragmentación y duplicidad de esfuerzos, y abonando a la construcción de más oportunidades para este sector.

Respecto a la evaluación, se informó que se recibieron reportes de 43 de los 60 integrantes del Comité para contribuir al cumplimiento de las 279 líneas de acción del Projuventud, gracias a lo cual, para el ejercicio 2017, se contó con una cobertura en 275 de éstas, lo que representa una responsabilidad total del 98.56%.

A nivel de las líneas de acción y de manera más específica, resalta que los objetivos de Bienestar y Prosperidad reportan acciones en la totalidad de sus líneas de acción, mientras que el objetivo de Participación reporta en el 98.5% del total de sus líneas de acción y el de Inclusión en el 95.8% del total de sus líneas de acción.