En septiembre de 2015, los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) coincidieron en la importancia de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, sobre todo en las juventudes; tema que quedó plasmado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la cual, México ha sido un gran impulsor.
La postura del Gobierno y de las dependencias de la Administración Pública Federal (APF) sobre el tema se refuerza al dimensionar uno de los dos rubros establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en donde señala que la medición de la pobreza está ligada a las carencias de acceso a la salud y a la seguridad social.
En este respecto, cabe destacar que de acuerdo a los más recientes resultados extraídos de la Encuesta Intercensal, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los 37.5 millones de jóvenes de entre 12 a 29 años de edad que hay en el país, el 79.6% se encuentra afiliado a algún servicio de salud, y únicamente, el 20.0% no cuenta con éste.
Del total de jóvenes que se encuentran afiliados, el 52.7% lo está en el Seguro Popular, seguido por el 38.4% que se encuentra en el instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Muy por debajo se encuentra en tercer lugar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) federal o estatal (5.8%) y los servicios privados (3.2%).
Para llegar al otro 20% es que el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), emprenden acciones y programas dirigidos a la población joven a fin de dar respuesta a esta problemática, cuya prevalencia es derivada en mayor medida, de la poca o nula información que reciben las y los jóvenes para que puedan acceder a ésta.
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