Palabras del fiscal general de la República, doctor Alejandro Gertz Manero, durante la reunión de trabajo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, con funcionarios del Gobierno Federal.

 FISCAL ALEJANDRO GERTZ MANERO: Señora presidenta, señor presidente. Señoras y señores senadores. Señoras y señores, muchas gracias. 

Vengo a esta Soberanía porque ustedes me eligieron. Yo estoy aquí gracias al voto que ustedes me dieron. 

Mi obligación es darles cuenta a ustedes e informarles de mi trabajo y de los temas que están a mi cargo, por esa razón estoy aquí. 

En el mes de junio nos reunimos, creo que con todos ustedes, para tratar precisamente el problema de la crisis de seguridad y de justicia que había en el país, y yo les hice una promesa de que iba a trabajar con todos quienes pudieran acercarme información y datos, y capacidad técnica y jurídica para poder ir generando un proyecto que realmente diera una respuesta global a un problema que es de carácter también global.

Es decir, se han hecho esfuerzos durante los últimos 20 años, generando respuestas parciales, que finalmente nunca han terminado por generar realmente una solución, no solamente que contenga, sino que no deje que siga creciendo esta situación, que es quizá la más aflictiva de todo el país. 

En razón de eso, no podemos iniciar un proyecto si no entendemos la globalidad de la situación. 

La falta de justicia se sustenta en tres factores fundamentales: una enorme inseguridad, una enorme corrupción y una enorme impunidad. 

En esas condiciones, estos tres elementos son los que nos mueven a resolver global y coordinadamente una situación de esta naturaleza. 

¿Qué es lo que nosotros hemos visto?

Que el fenómeno criminal que comienza en la inseguridad más elemental, cotidiana que vivimos todos los mexicanos, se vincula inmediatamente con estos elementos, se vincula con la procuración y con la impartición de justicia y con la prevención y readaptación social.

Si no hacemos un proyecto completo que vea y que analice con claridad dónde comienza el fenómeno delictivo y cómo lo vamos a poder detener, nos va a volver a pasar lo mismo.

Si ustedes ven la cantidad de reformas y de leyes que se han hecho en los últimos 20 años en esta materia, se sorprenderían. ¿Por qué? Porque es tal el número que se ha hecho, como el número de problemas que se han multiplicado. Quiere decir que eso no funciona.

En atención a todo esto, nosotros tenemos la convicción absoluta de que el delito y la inseguridad tienen que detenerse en el momento de que son un germen, en el momento en que comienza el problema; comienza el problema en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. 

Cuando un estado no tiene control sobre su territorio y hay otro grupo que hace funciones de poder dentro de un territorio, ese territorio está perdido para la comunidad y perdido para el Estado.

Allí es donde debemos de dar primer esfuerzo. 

Ese primer esfuerzo tiene que ser una ley que defienda a la vida cotidiana de todos los mexicanos en todos los municipios y en todos los estados del país, con un criterio general de aplicación, pero con una competencia local de cumplimiento de funciones. 

Tenemos ejemplos en la legislatura mexicana, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, que es una ley de carácter federal y que se aplica para efectos locales en cada una de las localidades y en cada uno de los estados de la República.

Con esa idea, nosotros iniciamos nuestro proyecto con la Ley de Justicia Cívica, para ir de ahí al Código Penal, después el procedimiento para poder aplicar el derecho positivo, y después cómo vamos a manejar las sanciones en este sentido.

Yo quisiera darles a ustedes, si me lo permiten, una idea de cómo estamos planteando estos aspectos fundamentales; primero, en la Ley de Justicia Cívica.

Esta ley pretende lo siguiente: La prevención de la delincuencia desde su inicio, protegiendo la convivencia cotidiana frente al asedio de la delincuencia común y de su colusión con policías y funcionarios municipales. 

Habrá de priorizar la reparación inmediata del daño, con la obligación del Estado de repararlo en los casos de las personas más vulnerables. 

Este es un aspecto fundamental para todos los que sufren diariamente el delito.

Y déjenme decirles, de los 33 millones de delitos que se producen al año, el 90 por ciento están en contra de las gentes más desprotegidas del país; y de ellos, el 90 por ciento son temas de carácter económico que no pasan de 10 mil pesos. 

El Estado tiene que hacerse cargo, porque esa es su función primaria de reparar el daño cuando no lo repara el causante. 

Después promoverá el trabajo comunitario para fortalecer las redes sociales y los valores cívicos. 

Las multas se vuelven una especie de subasta, de que yo pago una multa pero no me comprometo con lo que hice. 

El trabajo comunitario significa entender el daño que se le causa a la comunidad y cómo se tiene que reparar con una conducta personal que le dé, tanto a la víctima como a la propia comunidad, la reparación que necesita. 

Y establecer la diferencia toral entre los primodelincuentes que todavía son rescatables, frente a los habituales y reincidentes que deben ser sometidos a sanciones penales eficaces. 

Es decir, ¿qué es lo que sucede?

En la primera instancia donde realmente es donde se debe de contener al delito, no hay una sanción que prevenga y otra que identifique al que está delinquiendo ya en forma habitual para que pase de una justicia cívica a una justicia penal; porque si no, nos pasa que los que se roban un país pueden andar en la calle, y los que se roban 20 pesos tienen que pasar el resto de su vida en una cárcel. Eso es verdaderamente lo más perverso que puede ocurrir y eso es lo que nos pasa en este país.

Estas son las bases fundamentales de la Ley de Justicia Cívica. 

Después pasamos al Código Penal Nacional, que debe homologar todos los delitos, su tipicidad y agravantes, en una sola ley que le dé certeza y equilibrio a la defensa social en todo el país.

No podemos tener 32 códigos, porque al final de cuentas, si no hay una homologación de defensa social, no puede haber tampoco una homologación de defensa de cada una de las personas.

Eso tiene una lógica elemental y en ese sentido también es muy importante que este Código y así lo estamos empezando a plantear, permita a las entidades federativas establecer delitos específicos, considerando sus raíces culturales y sus características regionales.

Uno de los grandes obstáculos de un código único es que hay ciertos delitos que son específicos de una cultura o de una región. Hay que dar la oportunidad de que esa defensa jurídica se pueda dar de conformidad con esas áreas culturales y con esas tradiciones y con la defensa de esos valores morales que muchas veces son fundamentales para una determinada comunidad.

Después, que establezca con toda precisión la competencia local y la federal, en razón de la defensa de los derechos individuales, por un lado, y por el otro los derechos inalienables de la nación.

Ese juego perverso de que el que no cumple, que el otro sea el que se responsabilice y que los delitos locales los atraiga la federación, porque el estado o municipio no cumplen, eso no nos ha dado el menor resultado, porque ni unos tienen la capacidad para poder resolver, déjenme darles nada más un dato.

La Policía Federal Ministerial que tiene la función de defender todos los aspectos policiacos de carácter federal, tiene 3 mil 500 personas. Las policías locales tienen más de 400 mil.

Entonces, si no establecemos con toda claridad las responsabilidades, de acuerdo con el tipo de delito, con las características y conocimiento que la policía tiene y nos apoyamos en esto, eso no va a funcionar porque, ustedes lo saben, nunca ha podido funcionar.

Otro tema fundamental: para que en los delitos que más deben combatirse, tales como el feminicidio, el infanticidio no sea más complicada su judicialización y para que cuenten con los agravantes necesarios para su combate y su ejemplar sanción.

Les pongo el caso del feminicidio: es más difícil para nosotros, los litigantes, en defensa de las víctimas, consignar y judicializar un feminicidio que un homicidio con agravantes.

Entonces, se hizo una ley supuestamente para proteger a un sector que está desprotegido y resulta que es más complicado defenderlo, cuando lo único que se tiene que establecer, con toda claridad, es que, en el caso de estas personas que están en esa situación, el agravante sea el que mande para poder castigarlos en razón del daño que han causado.

Una cosa de sentido común y de lógica, que parece que no se había podido nunca resolver. 

Corresponsabilizar a las autoridades federales y a la de las entidades federativas de una manera clara y específica en su lucha contra la delincuencia organizada, que es el flagelo que más daña profundamente a la sociedad.

Hemos visto durante los últimos 25 años como se acusan unos a otros y se dice, no, esto lo tienen que hacer las autoridades federales, esto lo tienen que hacer las autoridades locales, hay que establecerlo con toda precisión.

Si hay un delito de carácter federal, todos los elementos locales tienen que estar, como lo dice la Constitución y la Ley del Ministerio Público, bajo las órdenes del Ministerio Público, que es el que va a investigar el asunto y el que se va a responsabilizar y lo va a llevar a juicio y establecerlo con toda claridad, para que no se vuelva un asunto de carácter político, en el cual se están mandando y jaloneando con los temas de competencia con los resultados que ya conocemos.

Entonces, teniendo esas bases, quiero hablarles del Código de Procedimientos Penales. 

Se hizo, como ustedes saben, un Código único, que era un poco contradictorio, es un Código único para manejar treinta y tantos códigos individuales, es decir, el Derecho Positivo totalmente segmentado y el Derecho Jurisdiccional en uno solo. Eso no funcionaba, tiene que ser armónico.

Se hizo un gran esfuerzo y así se hico público también, que con la compactación y con la presencia del juez y con la transparencia se iba a resolver el problema de la criminalidad.

Lo han tenido que confesa lo han tenido que reconocer y aquí hay funcionarios que lo han dicho con mucha claridad, se creó lo que se llama una puerta giratoria y entonces, por un lado, entraban y por ese mismo salían, se multiplicó el número de delincuentes, algunas cárceles redujeron su número de personas en ellas, pero multiplicaron su daño a la sociedad.

Es decir, el sistema, en lugar de mejorar se complicó.

Tenemos también y eso hay que conservarlo, la oralidad, la transparencia y realmente tener una compactación. Resulta que ahora tenemos un Ministerio Público y luego tenemos como cuatro jueces distintos que nos van manejando los asuntos en forma secuencial, cuando lo que tenemos es que fortalecer a los jueces, no generar una distorsión y una multiplicación del número de juzgadores, porque finalmente eso, y lo estamos viendo también, nos ha dado los resultados que ustedes conocen.

Proteger a las víctimas para que aquél que conozca de un delito, fundamentalmente la policía y la autoridad puedan denunciarlo con toda fortaleza.

Los que tenemos experiencia como abogados sabemos que un policía llega, presenta a alguien que acaba de robar y si no viene parte acusadora, que se vaya. No, pero soy el policía, lo acabo de ver, vi lo que le pasó, esta pobre señora está enferma se fue a su casa y ahí se pierde el procedimiento.

Otro aspecto que es fundamental es el debido proceso. 

Cuantas veces estamos viendo en esta ocasión que, porque un policía no cumplió con los requisitos rigurosos de su documentación, ponen en libertad a un delincuente.

No, deben castigar al policía y deben de reponer el procedimiento, pero no darle impunidad al delincuente, eso no tiene sentido, es algo de lógica elemental.

Entonces, es este Código también tenemos algo que es muy importante: la prescripción.

La prescripción debe defender a la víctima, no al victimario y en los delitos que dañan a la sociedad no debe haber prescripción, así de clarito.

Tercero, que es también fundamental: el monopolio de la acción penal solamente para la defensa de los intereses de la Nación y del Estado; el resto que tengamos las víctimas el derecho de ir ante un juez, que no tengamos un tutor obligatorio, eso va contra los derechos más elementales de un ser humano.

Nada más plantear que en materia penal la víctima no es parte, porque el Ministerio Público es la parte, es una ofensa verdaderamente incalificable.

Que el Ministerio Público sea auxiliar del que lo necesite; que el Ministerio Público actúe como lo manden los jueces; que el Ministerio Público defienda los intereses de la Nación y los intereses de la comunidad, pero que los particulares podamos ir ante los jueces a defendernos, eso es fundamental.

Otro aspecto que es toral: la multiplicación de recursos procesales inútiles, son la delicia de los delincuentes y de los abogados, que, bueno, verdaderamente gozan de la cantidad de recursos que se tienen con un solo propósito: que no haya justicia.

Por qué no compactamos esos recursos, los fortalecemos, nos llevamos la mayor parte de ellos para que se manejen como se manejan en muchos aspectos procesales, en el momento de la sentencia y no estamos haciendo de eso un verdadero mosaico de impunidad, que es verdaderamente inaceptable.

Después pasamos a la parte de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Nosotros tenemos y lo sabemos y no se los voy a repetir a ustedes lo que está sucediendo en las cárceles y está sucediendo por una razón muy sencilla: porque no hay lógica en el sistema de readaptación social.

Miren, todos los primodelincuentes deben tener cárceles abiertas, para no convertirla en alumnos de las escuelas del crimen, cárceles abiertas bajo control, pero cárceles abiertas.

Todos los reincidentes, todos, tienen que ir a la cárcel, y las cárceles tienen que ser centros de productividad, centros de industria, centros de capacitación, centros de autocapacidad; para que realmente ahí se preparen y que uno no puede obligar a alguien a que trabaje, pero el juez sí puede decir “pena mínima para el que se readapte y pena con agravantes para el que no quiera readaptarse”.

Y luego, todos los peligrosos, totalmente aislados de todo el resto de los primodelincuentes, de los habituales, porque esa combinación, de ahí están saliendo las extorsiones telefónicas, lo que ustedes ya saben. Eso no es aceptable.

La justicia para adolescentes. Está creciendo el número de niños y adolescentes dedicados al delito; tenemos que hacer algo para detenerlo.

Y, tiene que haber una visión muy clara para ellos, para sus padres y para el Estado, de que aquel que entiende se le sanciona; y aquel que tiene la patria potestad o la guardia y custodia, tiene responsabilidades, y también el Estado tiene que reparar el daño. Y cuando se sentencia, se sentencia por la cantidad de años consecuentes a la comisión de ese delito. No es que yo ya cumplí 17 y ya me voy, no. Tú tienes consciencia, tú tienes responsabilidad, tú tienes que tener una responsabilidad frente a tu comunidad.

Eso se tiene que manejar con un gran cuidado y precisamente por eso, nosotros en este momento… y luego, todos los cambios a la Constitución que esto requiere, porque hacer una reforma de esta naturaleza, requiere una serie de cambios.

Entonces, hemos estado trabajando con los Colegios de Abogados, con juristas muy preclaros y que han hecho un trabajo muy importante con el señor Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Y vamos a seguir trabajando para que el día 1º de febrero, yo pueda, si ustedes lo permiten, ya tener una visión completa para someterla, como es mi obligación, a la soberanía de ustedes, a su conocimiento; y que si ustedes lo ven así, ya lo hagamos en un debate público para que haya una participación muy, muy generosa de toda la sociedad en este aspecto y podamos trabajar juntos.

Yo le quiero agradecer al consejero jurídico de la Presidencia, todo el apoyo que me ha dado durante todo este año, a todos los que me han estado ayudando en esto. Y a ustedes, mi respeto y mi deber de informarles.

Muchas gracias por toda su atención.

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