*INFORME GENERAL PRIMEROS CIEN DÍAS FGR*
*ANTECEDENTES*
Prácticamente desde la Constitución de 1917, hasta estos últimos años, la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público Federal, estuvieron vinculados a un modelo de procuración de justicia fundamentalmente al servicio de los intereses del poder y en contra de los derechos de las grandes mayorías en este país y eso lo hemos padecido todos los mexicanos.
Así fue como la Procuraduría intervino facciosamente frente al asesinato del General Álvaro Obregón; lo mismo hizo en contra del movimiento democrático Vasconcelista; repitiendo dichas conductas ilegales y abusivas en la inmensa mayoría de las elecciones del país y en contra de cualquier candidato que no fuera el oficial; participando activamente en la represión de los movimientos sociales de maestros, trabajadores petroleros, electricistas, ferrocarrileros, estudiantes, intelectuales; y contra cualquiera que se hubiera opuesto a un sistema antidemocrático, autoritario y corrupto, que tuvo que sufrir este país, durante muchas décadas, mientras se favorecieron y encubrieron los delitos de los miembros y favoritos del poder, de sus socios y de sus protegidos.
Esta situación se fue agravando en la última parte del siglo pasado y a principios de éste, cuando la Institución se convirtió en un verdadero verdugo de sus enemigos políticos, mientras encubría en forma permanente a los cómplices del poder; lo cual llevó al país a un grado de intolerancia tal que, en el año de 2018, por fin pudo romperse esa estructura de monopolio del Poder Ejecutivo, para crear la nueva Fiscalía General de la República, la cual inició su administración el 18 de enero del presente año.
En la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, se le concede y se le autoriza a su Titular, a proponer la reorganización de dicha Institución, en un plazo de un año; razón por la cual iniciamos, desde el primer día, el proceso de diagnóstico, evaluación y propuestas que la propia Ley Orgánica nos mandata. Por esa razón, a los cien días de la administración, y mucho antes del plazo concedido, en este nuevo órgano autónomo del Estado Mexicano estamos sometiendo a la consideración pública, la primera parte de nuestra obligación de diagnosticar, proponer y rendir cuentas.
Para lograr lo anterior, voy a informar a ustedes cuál es el estado en el que se recibió esta Institución; en cada uno de sus rubros; señalaré también qué hemos hecho hasta el momento para resolver lo que corresponde; y cuál es el avance en nuestra visión autónoma en la procuración de justicia, para cambiar, profunda y realmente, la función de procurar justicia para todos, acabando con el modelo tan negativo que hemos sufrido los mexicanos, en el cual la seguridad y la justicia se han hallado siempre al servicio del poder político y económico, y en contra de los derechos humanos más elementales de todos nosotros.
DIAGNÓSTICO
MINISTERIO PÚBLICO Y SUS AUXILIARES
➢ Se encontró un rezago injustificado de más de 300 mil Averiguaciones Previas y Carpetas de Investigación, sin resolver.
➢ No se encontró control, ni centralización de las denuncias o querellas presentadas, ni había un sistema de oficialía de partes en la Ciudad de México y en toda la República, para administrar estas tareas; por lo cual, cada unidad podía recibir los casos que quería o le convenía, sin ningún orden, ni verificación.
➢ El promedio general de eficiencia terminal favorable, en sentencias definitivas judicializadas, no alcanzaba más del 5% del volumen total de asuntos tramitados.
➢ No existía un control integral de calidad en la judicialización de las carpetas de investigación; ya que únicamente se prestaba asistencia técnica al Ministerio Público por excepción y en casos muy contados.
➢ Tampoco existía algún programa de verificación sobre el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación a cargo de cada Agente del Ministerio Público, pasando de asignaciones desproporcionadas e ilógicas, como lo son de mil casos para una sola persona, hasta numerosos Ministerios Públicos que no tenían asignada ninguna carpeta o averiguación.
➢ No había control alguno sobre los tiempos máximos para integrar las investigaciones, ni para identificar atrasos en las averiguaciones previas y carpetas, por lo que las denuncias podían quedarse meses o años, sin determinarse. Esta falta de registro generó grandes atrasos y rezagos en la atención de denuncias y en la determinación de investigaciones; llegando a un promedio de integración de los casos superior a un año.
➢ No existía ningún sistema efectivo para comprobar el cumplimiento de mandamientos judiciales y peritajes, lo que generó un rezago por parte de la Policía Federal Ministerial, de más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y más de 28 mil mandamientos ministeriales en igual situación. Para el caso de los Servicios Periciales, el rezago en la emisión de dictámenes era de más de 3 mil.
➢ Tampoco existía control efectivo sobre los Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados, quienes supuestamente le debían dar seguimiento a los procesos judiciales, que se estaban perdiendo mayoritariamente.
➢ Se pudo determinar el número exiguo de 4 mil elementos policíacos en activo, para todo el país, de los cuales se distraían a 800 elementos, para prestar servicios de protección y seguridad a funcionarios, exfuncionarios, políticos y personas diversas.
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
❖ Existía una evidente anarquía en la estructura administrativa, con áreas de atención a la ciudadanía con grave escasez de personal de apoyo; mientras que, por otro lado, había áreas no prioritarias, con exceso de personal desperdiciado o subutilizado.
❖ Se tenía un número desproporcionado de funcionarios de alta jerarquía, así como plazas eventuales y contratos de honorarios, con elevadas percepciones, sin que estuvieran establecidas con precisión sus obligaciones laborales, ni su vinculación y evaluación de resultados y productividad.
❖ No había ningún control del gasto corriente autorizado, el cual se aplicaba en forma anárquica y con un despilfarro evidente en gastos no justificados o inútiles; tanto en viáticos, como en servicios de apoyo, contratos de mantenimiento, talleres de reparación, y gastos diversos, no justificados.
❖ Se halló una falta evidente de control sobre el uso y el estado de la flota de transporte terrestre, compuesta por un total de 4 mil vehículos, entre propios y arrendados, que incluye un gran número de unidades blindadas, para uso de altos funcionarios y sus allegados.
❖ Se utilizaba en forma irracional la flota aérea, en actividades que, en poco o nada contribuían a las funciones de procuración de justicia, mientras se destinaban a fines impropios, con altos costos por seguros, salarios y mantenimiento.
❖ Se encontraron compras multimillonarias de aeronaves, sin justificar su necesidad, ni su costo-beneficio; y las cuales se adquirieron a precios evidentemente inflados y con un propósito injustificado.
Entre 2013 y 2015, se realizó una inversión de más de mil millones de pesos, en la adquisición, mantenimiento, capacitación y seguros de aeronaves no tripuladas (drones), mediante adjudicación directa, sin contar con un estudio de necesidades y de costos competitivos, ni un informe de resultados que pueda demostrar su utilidad en judicializaciones concretas.
Asimismo, en octubre de 2013, la Procuraduría adquirió un avión Bombardier Challenger 605 transcontinental, con un precio que ascendió a 19.5 millones de dólares, mientras que el precio real de comercialización señalado en los sistemas de valuación internacionales era de 15.5 millones de dólares (cuatro millones de dólares de sobreprecio).
❖ Fue identificada una injustificada falta de control en la utilización de la infraestructura inmobiliaria, con edificios rentados a precios exorbitantes, con muchas deficiencias en su funcionalidad; mientras que, por otro lado, existen propiedades de la Institución vacías y abandonadas; además de 6 inmuebles que fueron otorgados para su venta oficial en el INDAABIN y que se desviaron hacia intereses particulares, lesionando gravemente el patrimonio de la Institución.
❖ Los gastos de Seguridad Pública se aplicaron en forma irracional y sospechosa, sin mecanismos de supervisión adecuada, lo que propiciaba que el presupuesto se ejerciera de manera discrecional e inexplicable, que en ocasiones permitieron gastar más de 144 millones de pesos, en una sola área, que no había ejercido durante años, recursos significativos en ese rubro.
❖ Se identificó una falta de control adecuado en la asistencia del personal.
❖ En el ejercicio del gasto en las Delegaciones Estatales, se han encontrado gastos elevados e injustificados en diversos rubros como, por ejemplo, rentas, vigilancia, limpieza, jardinería, servicios y otros.
ACCIONES EMPRENDIDAS EN ESTOS CIEN DÍAS
MINISTERIO PÚBLICO Y SUS AUXILIARES
Para poder atender el enorme rezago de las más de 300 mil Averiguaciones Previas y Carpetas de Investigación, y para resolver las 30 mil nuevas denuncias que nos han llegado en estos 100 días, fue necesario implementar lo siguiente:
➢ Se creó un modelo de Oficialía de Partes Única en cada área central de la Institución, y en cada estado, según su competencia, estableciendo un sistema de apoyo a denunciantes, manejado por la Visitaduría General, con objeto de acompañar a las víctimas y ofendidos durante sus trámites, para así mantenerlos informados; estableciendo una nueva política de trato respetuoso y eficiente a la población. Dicho sistema ha dado como resultado que el 87% de los entrevistados se han manifestado satisfechos con el trato recibido. (Se cuenta con toda la información pormenorizada sobre estas encuestas permanentes).
➢ Se inició un análisis de cargas de trabajo y resultados en las áreas sustantivas del Ministerio Público y de apoyo administrativo, a fin de reconocer al personal que desempeña de manera sobresaliente su función y, al mismo tiempo, para poder exigir que todos los Agentes del Ministerio Público se responsabilicen del trámite y de los resultados de las carpetas de investigación que se les asignen. Para ello, a partir de este mes de mayo, todas las actividades del Ministerio Público en carpetas de investigación y en procesos tendrán nombre, apellido y responsable, para así ser evaluados; y asimismo, los Fiscales supervisores correspondientes, deberán asumir personalmente su responsabilidad en cada caso, lo cual se aplicará en igual forma en los procesos judiciales.
➢ Se creó exprofeso un programa de operación y seguimiento de la acción penal denominado “Sistema de Evaluación de Resultados” (SER); el cual, junto con Justici@Net, ya está detectando cualquier atraso o desviación en las funciones del Ministerio Público en las carpetas de investigación, controlando también las fechas y resultados en todos los procesos y señalando posibles retrasos o fallas, a efecto de que los supervisores intervengan para evitar esas incidencias.
➢ A partir de este mes de mayo el mismo sistema de personalización y control de resultados, se aplicará a cada uno de los policías y de sus superiores, hasta el nivel más alto que corresponda. Del mismo modo, para los peritos, se aplicará dicho procedimiento, organizando un sistema de apoyo permanente a las tareas del Ministerio Público, para así optimizar sus tareas y el control de calidad en las judicializaciones con modelos de cumplimiento.
➢ Sobre la fuerza policial que estaba dedicada a prestar servicios de protección y de seguridad a funcionarios, exfuncionarios, políticos y otras personas, al 30 de abril, se han recuperado, en una primera etapa, más de 320 elementos, es decir, alrededor del 40% de esos comisionados; los cuales se incorporaron de inmediato a la atención de investigaciones y al cumplimiento de mandamientos, en toda la República; esta reasignación continuará en forma permanente.
➢ Asimismo, se está llevando a cabo la coordinación con la Secretaría de Gobernación, a fin de que se aplique el apoyo de protección que corresponde a las víctimas del delito, conforme a su competencia de ley.
➢ También debo informar a ustedes que, del primero de diciembre pasado, a la fecha, el Gobierno Federal y sus organismos han presentado 12 mil 700 denuncias por actos de corrupción, que se han atendido de inmediato. La Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, han sido los principales denunciantes. Hasta el momento, se han judicializado más de 400 casos, con más de 620 detenidos.
➢ Se ha acordado con autoridades del INEGI que toda la información estadística, con excepción de aquella que sea reservada o confidencial, se pondrá de inmediato a disposición de dicho Instituto, para integrar sus estadísticas, con el objeto de lograr el abatimiento de la cifra negra, que tanto descalifica al sistema mexicano de seguridad y justicia.
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
❖ Se llevó a cabo una revisión general de las 26 mil plazas autorizadas, con el propósito de reorientar al mayor número de servidores públicos en el apoyo a víctimas y ofendidos, en la presentación de sus denuncias y en el seguimiento de éstas, hasta su determinación.
❖ Se preservaron todas las plazas de base y se está llevando a cabo la reubicación de servidores públicos a las áreas prioritarias. Asimismo, se tuvo una disminución en la nómina de más de mil plazas de alto nivel, que eran inútiles o injustificadas.
❖ Se estableció, a partir de este mes de mayo, el Programa de Estímulos a todo el personal del Ministerio Público y de Apoyos Administrativos, de conformidad con los reglamentos, para que estos servidores sean premiados, mes por mes, mientras también se llevará a cabo un análisis de sanciones, para quienes incumplan con las tareas encomendadas.
❖ Se está aplicando rigurosamente una política diaria de control en los gastos de operación, y se están analizando contratos y convenios inoperantes o de alto costo y cualquier otro gasto superfluo, y con ello se han logrado hasta la fecha economías por 364 millones de pesos comparado con el mismo período del año 2018.
❖ Sobre la flota de transportes terrestres, se ha realizado el estudio para determinar las necesidades reales y objetivas de cada una de las áreas de la Fiscalía, con la finalidad de optimizar el uso del parque vehicular, con lo que se considera se podrá reducir dicha flota en más del 30%, para este año, con el consecuente ahorro.
❖ Se recibió una flota aérea de 35 helicópteros y 17 aviones. Se revisaron las necesidades reales de operación y se redujo dicha flota en un 74%, conservando solo las aeronaves necesarias para las operaciones sustantivas, y cancelando todas las unidades de lujo, que no son adecuadas para las operaciones que realiza la Fiscalía.
❖ En los casos de compras millonarias de aeronaves y drones sin justificar, o a altos precios, se han iniciado auditorías administrativas y técnicas a los contratos, analizando sus costos y su legalidad.
❖ Sobre la adquisición de vehículos blindados, se están revisando los contratos correspondientes, a fin de determinar si existen irregularidades.
❖ En cuanto a la infraestructura inmobiliaria, se están reorganizando las áreas de ocupación y concluyendo los contratos de arrendamiento de los inmuebles innecesarios, a fin de optimizar al máximo los edificios propios, incluyendo la recuperación de inmuebles que se otorgaron para venta a través del INDAABIN, por estar supuestamente dañados en los sismos de septiembre de 2017 y que esa Institución pretendía concesionar comercialmente por cuarenta años, despojando así a la Fiscalía General de la República de su patrimonio.
❖ Se ha iniciado la tarea de revisar a detalle los montos ejercidos por concepto de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, a fin de determinar si existen irregularidades, para proceder legalmente en consecuencia.
❖ Respecto al control de asistencia del personal de la Fiscalía, se dictaron directrices para que en todas las áreas administrativas se dé un estricto cumplimiento.
ACCIONES EMPRENDIDAS A FUTURO
Todas las tareas emprendidas no serán fructíferas, si no cambiamos en forma permanente e irreversible, las estructuras básicas de la procuración de justicia, ya que en el mismo momento en que los corruptos y los enemigos de la democracia lo puedan realizar, le darán marcha atrás a todo lo que se haya logrado.
Por ello, se debe generar una nueva y sólida normatividad en materia de justicia inmediata, a través de la Nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y fundamentalmente con un proyecto de una nueva Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica inmediata, de carácter nacional y de aplicación local, cuya iniciativa está prácticamente terminada y que se está poniendo a prueba, en simulaciones y prácticas diversas, con objeto de poder resolver más del 70% de la crisis de injusticia cotidiana que se padece en todo el país; y para ello se han considerado tres premisas básicas:
1. La prontitud en la justicia
2. La reparación inmediata del daño;
3. El establecimiento de los controles sociales para abatir el crecimiento desmedido del fenómeno delictivo.
Como parte fundamental de este proyecto legislativo, se está trabajando también en un nuevo Código Penal, que contenga todos los delitos y agravantes que ya se hallan incluido en diversas leyes; priorizando todo ello en la reparación del daño; y en la imprescriptibilidad de todos los delitos graves; para que con todo ello se termine, en forma definitiva con el fenómeno criminal que estamos padeciendo y acabando también con el monopolio de la acción penal del Ministerio Público, en los delitos que afecten directamente a la población.
Asimismo, se está llevando a cabo un proyecto legislativo con objeto de reformar el Código Único de Procedimientos Penales, fortaleciendo los derechos de las víctimas, combatiendo la reincidencia y compactando efectivamente los tiempos procesales.
CASOS SUSTANTIVOS RELEVANTES
AYOTZINAPA
Después de haber conocido la investigación que, al respecto, acaba de culminar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República propuso al Presidente de dicha Comisión, apoyarse en dicha investigación, en una tarea conjunta con la Comisión de la Verdad, los padres y familiares de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y esta Fiscalía General de la República; reponiendo el procedimiento en todo lo que sea necesario para así recuperar la credibilidad y la justicia en este caso emblemático de corrupción y encubrimiento.
ODEBRECHT
Este caso tan grave para la imagen del país, y para su respetabilidad y confianza, lo inició la Procuraduría General de la República, desde enero de 2017 y, hasta la fecha, no había dado resultado alguno; razón por la cual la Fiscalía ha tenido que reponer, en buena parte, ese procedimiento, con base en la información recopilada recientemente; y en un plazo que no debe pasar de 60 días, se habrá de empezar a judicializarlo bajo la premisa de una maquinación delictiva, en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada.
TLAHUELILPAN
En la investigación sobre la tragedia de Tlahuelilpan, la Fiscalía General de la República ha realizado, junto con la Fiscalía del Estado de Hidalgo, 138 entrevistas, 117 dictámenes periciales, 25 informes de investigación criminal y se han recibido 84 informes y documentos de diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, estableciendo la secuencia cronológica de los hechos, lo que permitió identificar, a través de testimonios de los vecinos y otras pruebas, a quienes convocaron a la población al sitio del siniestro, y a quienes, en forma irresponsable, provocaron el incendio correspondiente.
En este asunto existe todavía un proceso de investigación respecto a los posibles atrasos por parte del personal de PEMEX en la atención a la fuga de combustible, ya que hay una discrepancia notable entre los protocolos de esa empresa, frente a una situación tan grave como la que se vivió; por lo que se ha solicitado y se ha obtenido la próxima presencia de peritos especiales en siniestros petroleros del FBI, quienes dictaminarán sobre el particular; y, una vez que se cuente ya con toda la base pericial, se darán a conocer, de inmediato, los resultados.
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE PEMEX
La audiencia correspondiente se llevará a cabo el día 17 de mayo.
ESTAFA MAESTRA
Con base en dictámenes de auditoría de la Auditoría Superior de la Federación, este caso se inició en la entonces Procuraduría General de la República, en octubre de 2015, acumulando 21 procedimientos independientes unos de otros, relacionados con funcionarios de la extinta Secretaría de Desarrollo Social y 2 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como de dirigentes de diversas universidades públicas del país, dentro de las cuales se han obtenido 5 vinculaciones a proceso. Se encuentran pendientes de celebrar audiencias iniciales en 2 de esas 5 carpetas de investigación, respecto a 5 ex servidores públicos de ambas Secretarías.
Bajo ese mismo esquema, en 2017 y 2018, la PGR inicio 2 carpetas de investigación adicionales; una relacionada con ex servidores públicos de SAGARPA y otras instituciones públicas de educación superior, en las que se obtuvieron 10 vinculaciones a proceso. En una de ellas, existe sentencia condenatoria en contra de un Particular, mediante Procedimiento Abreviado.
En relación con este tema, la Fiscalía General de la República está restructurando toda la investigación general de este asunto, a partir de una premisa lógica que consiste en que toda esa maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, que cuantificó un posible daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 875 millones de pesos, no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros; por lo cual debió de haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público, ya que los elementos aportados así lo indican; razón por la cual es necesario restructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada, en un posible delito de estado, encubierto en su momento posiblemente por diversas instancias públicas como Hacienda, Función Pública, Educación y otras más; razón por la cual se procederá de inmediato a investigar esta hipótesis criminal, mientras se continúan los procesos ya iniciados.
COMUNICACIÓN SOCIAL
Con relación al rubro de atención a medios de comunicación, la Fiscalía, a través de su área de Comunicación Social, ha generado un total de mil 951 notas informativas de prensa, de las cuales 305 fueron difundidas en diarios de circulación nacional, radio y televisión, así como en portales de internet asentados en la Ciudad de México. Las otras mil 646 notas, se enviaron a medios de los distintos estados del país, por conducto de nuestras Delegaciones.
Por lo que hace a entrevistas con distintos medios, en su mayoría electrónicos, se han realizado 53; 23 de ellas concedidas por el titular de la Institución, y las 30 restantes, por funcionarios de la Fiscalía.
Cabe destacar que, del mismo modo, se han llevado a cabo dos conferencias de prensa encabezadas por el titular; la primera de ellas, con el tema de Tlahuelilpan; y la segunda, con el tema de la información encontrada en el caso de la Estafa Maestra.
