En muchos casos, las personas que cometen un delito en nuestro país evaden la justicia trasladándose a otros países, consideran que así no podrán ser localizados y no serán juzgados.

Ante tal circunstancia existe la figura jurídica de la extradición, que tiene como objetivo que las fronteras de los países no signifiquen impunidad, de tal forma que cualquier prófugo que cuente con orden de aprehensión vigente y ejecutable, sin que medie su voluntad, será entregado al país que lo busca y lo solicita para que sea procesado o bien cumpla una sentencia que aún esté pendiente de compurgar.

¿Sabías que a la fecha, México ha suscrito 33 Tratados Bilaterales con 4 Protocolos modificatorios en materia de Extradición?

También nuestro país ha signado 4 Convenciones Internacionales en las que se está en posibilidad de fundamentar una extradición.

  • Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000);
  • Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003);
  • Convenio sobre Extradición de Montevideo (Montevideo, Uruguay 26 Dic 1933)
  • Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales y Documentos Relacionados (21 De Noviembre de 1997).

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) son las dependencias encargadas de vigilar el desarrollo del cumplimiento de los instrumentos internacionales.

Pero, ¿qué es la extradición?

Es acto por el cual un Estado entrega a un individuo a otro Estado que lo reclama, con el objeto de someterlo a un proceso penal o al cumplimiento de una pena.

La extradición puede ser clasificada en dos grupos: activas y pasivas.

Son extradiciones activas aquellas solicitudes que inicia el estado mexicano ante otro país en donde se encuentra el prófugo de la justicia mexicana y que cuenta con un mandamiento judicial tal y como se explicó en los párrafos anteriores.

Asimismo, se entiende por solicitudes de extradición pasivas aquellas que recibe México de parte de gobiernos extranjeros, a fin de que, una vez localizada la persona prófuga de la justicia de dicho país en nuestro territorio nacional pueda iniciar el proceso de extradición.