La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, coordinando a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), junto con otras instancias del Gobierno de México y autoridades de Quintana Roo, atendieron el caso de Victoria Esperanza Salazar Arriaza, mujer salvadoreña refugiada en México, quien perdió la vida en el municipio de Tulum, durante su detención, cuyos restos fueron hoy repatriados a su país.
Desde el primer momento de los hechos se convocó a una mesa de coordinación entre autoridades federales y locales para lograr atender el caso de forma eficaz y poniendo en el centro a las víctimas.
Asimismo, se busca asegurar que las autoridades locales garanticen la verdad, justicia y reparación integral; además de la capacitación de los elementos policiacos, a fin de contar con las medidas necesarias para que hechos como estos no se vuelvan a repetir.
De acuerdo con experiencias en casos como este, los primeros días son centrales para garantizar que las investigaciones se realicen bien, y que las víctimas sean tratadas con perspectiva de derechos humanos, anteponiendo el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Por ello, personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, junto con la titular de Conavim, Fabiola Alanís Sámano, se trasladaron al lugar de los hechos, donde coordinaron acciones junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Instituto Nacional de Migración (INM), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) federal y local, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) local, así como la Secretaría de Gobierno y Fiscalía General del estado, entre otros.
La finalidad fue atender a las hijas de Victoria y sus familiares, para ello, se coordinó con la CEAV local, para que recibieran una atención digna y no revictimización.
Este sábado 4 de abril, el cuerpo de Victoria Salazar se trasladó a su lugar de origen en El Salvador en acciones coordinadas por el Instituto Nacional de Migración. La acompañaron en el traslado sus hijas y familiares. A las menores de edad, se les otorgaron visas humanitarias para estar en México, con lo que podrán volver al país si así lo desean.
Por otro lado, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración coadyuva con la fiscalía local y la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo para garantizar que el proceso penal contra los imputados por el caso sea eficaz y conforme a derecho para que no haya impunidad.
Desde Gobernación se considera que el foco de atención debe estar en la no repetición de los hechos, que la policía estatal y municipal de Quintana Roo deben recibir mejor capacitación y emitir procedimientos de actuación en detenciones y manifestaciones con perspectiva de derechos humanos.
Además, de que debe haber una sensibilización y enfoque especial sobre el trato hacia mujeres y personas en situación de movilidad, para erradicar actos autoritarios y discriminatorios. Esto debe iniciar a la brevedad y para ello, el Estado de Quintana Roo, contarán con el apoyo de la Federación.
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