Con esta resolución se da cumplimiento al amparo otorgado por un juzgado federal, así como a peticiones realizadas, desde 2016, por organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos autónomos, y se deja sin efectos la resolución del 7 de julio de 2017, mediante la cual se determinó no emitir la declaratoria en la materia, para el Estado de Puebla.

De esta manera, se estableció la emisión de 45 medidas de prevención, seguridad y justicia para hacer frente a la violencia feminicida que persiste en el Estado.

Las medidas son tendientes a promover el derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial; la prestación de servicios jurídicos, médicos, psicológicos especializados y gratuitos, además de la rehabilitación y la reparación del daño de las víctimas.

En este sentido, el Gobierno del Estado de Puebla habrá de aceptar su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo. Entre otras acciones, deberá realizar las investigaciones correspondientes y sancionar los actos de las autoridades omisas o negligentes que llevaron a la violación de los derechos humanos de las víctimas y garantizar que ciertos actos no queden impunes.

Para ello, la Fiscalía deberá hacer una revisión de sus averiguaciones previas o carpetas de investigación pendientes.

El ejecutivo estatal deberá enviar un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de este sector de la población. Además, este mensaje deberá ser difundido en las principales lenguas indígenas que se hablan en la entidad, así como a través de todos los medios que sean accesibles para personas con discapacidad.

Adicionalmente, deberá ser divulgado en medios de comunicación masivos y radios comunitarias, principalmente en los municipios en los que se declara la Alerta de Violencia de Género.

El gobierno poblano y los 50 municipios señalados en la declaratoria deberán asignar los recursos presupuestales necesarios, así como los humanos y materiales para hacer frente a la contingencia de manera inmediata.

El Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, establecerá un programa de trabajo que dé incumplimiento a las medidas de prevención, seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida.

Dicho programa deberá reflejar una política sistemática y estandarizada de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Será dirigido a toda la entidad federativa priorizando a los municipios señalados en el resolutivo.

Así pues, la resolución promoverá en Puebla el diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres y niñas en el Estado.

El Gobierno del estado de Puebla deberá informar a la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM, seis meses posteriores a la declaratoria, sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las medidas de seguridad, prevención y justicia.

La CONAVIM expresa su compromiso de garantizar la vida, integridad y seguridad de las niñas y mujeres. Para lograrlo plantea acciones coordinadas con las autoridades del Estado y sus municipios.

Los municipios señalados son: Acajete, Acatlán, Acatzingo, Ajalpan, Amozoc, Atempan, Atlixco, Calpan, Chalchicomula de Sesma, Chiautla, Chietla, Chignahuapan, Coronango, Cuautlancingo, Cuetzalan del Progreso, Huachinango, Huejotzingo, Hueytamalco, Izúcar de Matamoros, Juan C. Bonilla, Libres, Los Reyes de Juárez, Ocoyucan, Oriental, Palmar de Bravo, Puebla, San Andrés Cholula, San Gabriel Chilac, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, San Salvador EL Seco, Santiago Miahuatlán, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tehuacán, Tepanco de López, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco, Teziutlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlaltenango, Tlaola, Tlapanalá, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Zacatlán, Zaragoza, Zoquitlán.