“Al principio sí me cansaba porque hacía yo tortillas, venía, hacía desayuno, ya después lavar los trastes, después a barrer, después a lavar la ropa y apenas te da tiempo de sentarte un rato… yo pienso que la educación es lo más bonito que puede existir… Me hubiera gustado estudiar Medicina”. Testimonio retomado del documental realizado por Save the Children.

Parece increíble que en pleno siglo XXI, pese a todos los avances que se han logrado al estipular como edad mínima los 18 años para contraer matrimonio en niñas, niños y adolescentes, estados como Querétaro, Sonora, Guanajuato, Nuevo León y Baja California sigan permitiendo el matrimonio infantil, ya sea a través de dispensas o excepciones o estipulando una edad menor a la indicada en la Ley General de Derechos de niñas, niños y adolescentes, en su artículo 45.

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En el foro Matrimonio Infantil: Dimensiones, Causas y Efectos que tuvo lugar el pasado 15 de noviembre en el Museo Memoria y Tolerancia, se tocaron temas referentes al panorama regional y nacional sobre los matrimonios infantiles, perspectivas jurídicas, así como la importancia de las políticas públicas en la prevención y erradicación de este fenómeno estructural.

Especialistas de organizaciones y agencias internacioneles como Save the Children, UNICEF, ONU Mujeres, Oxfam, World Vision y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México pusieron sobre la mesa datos alarmantes acerca del matrimonio infantil, entendiéndose éste como cualquier unión, sea formal o informal, en donde al menos uno de los contrayentes sea menor de 18 años; las y los expertos coincidieron en que esta práctica nociva está presente en todos los países, culturas, religiones y grupos étnicos.

Tan solo en México una de cada cinco mujeres contrae unión conyugal antes de cumplir los 18 años. Algunas de las causas por las que esto se da es porque el matrimonio infantil está impulsado por valores patriarcales y el deseo de controlar la sexualidad femenina, otra causa responde a las normas y tradiciones, dado que en algunas comunidades así ha sucedido por generaciones; la pobreza es otro factor alarmante, puesto que ven al matrimonio como una solución a este problema y, erróneamente, se piensa que el matrimonio garantizará la seguridad de las menores, por lo que optan por casarlas.

Causas y efectos del matrimonio infantil
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“Hay una falacia porque se dice que con el matrimonio van a proteger los derechos, la seguridad social, el servicio de salud, la capacidad para poder tener una familia […] el matrimonio no es el vehículo para acceder a la protección integral de las niñas, niños y adolescentes”, dijo la coordinadora de operación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Claudia Alonso Pesado.

Casarse a temprana edad, dijo, tiene efectos graves en tres áreas indispensables: la educación, la salud y la protección.

En el caso de la educación, 73% de las niñas deja sus estudios para dedicarse a labores del hogar y cuidado de los hijos/as, o son alentadas a hacerlo; en la salud, hay una mayor probabilidad de tener embarazos prematuros y contraer enfermedades de transmisión sexual; finalmente en el caso de la protección, aumenta el riesgo de sufrir abusos, explotación, violencia y discriminación. Las mujeres que se casaron antes de los 18 años sufren más violencia física (49%), mayor violencia sexual (68%) y más violencia económica (16%), en comparación con aquellas que se unieron después de la mayoría de edad.

Defendiendo los derechos de niñas, niños y adolescentes
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En el año 2016, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presentó un documento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el objetivo de demostrar que el matrimonio infantil, contraído bajo la figura de las dispensas, es una práctica nociva que afecta permanentemente los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Dicho documento lleva por nombre “Amicus Curiae” y su relevancia radica en que se presentó como base para que el Alto Tribunal tenga mayores elementos para coadyuvar en la resolución de algunos casos que han llegado a esta instancia, los cuales buscan ampararse en leyes locales para justificar el matrimonio infantil, encubriendo en muchas ocasiones a familiares y agresores que cometieron abusos y violaciones sexuales bajo la falsa y peligrosa idea de que la reparación del daño a las víctimas de estos delitos consiste en hacerles contraer matrimonio.

Las y los ponentes concluyeron que es necesario fortalecer las leyes y políticas públicas que establezcan como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años, así como trabajar en las uniones tempranas con pertinencia cultural; de igual forma, es necesario fortalecer los Sistemas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, empoderar a las niñas en cuestiones de oportunidades y desarrollo de habilidades, así como informarlas sobre sus derechos; garantizar una educación de calidad para todas las niñas y adolescentes, además de brindar servicios de salud adecuados y amigables.

Finalmente, como esta labor no puede hacerse de manera aislada, también es necesario trabajar con padres y madres de familia, líderes religiosos y comunitarios para lograr cambiar estas prácticas, garantizando así un mejor desarrollo de nuestras niñas y adolescentes y ayudando a erradicar la violencia y discriminación hacia ellas.