Para que exista una verdadera democracia, es necesaria la participación de las mujeres en la política, lo que incluye su derecho a postularse y a ejercer cargos públicos, sin que su seguridad, integridad y reputación sean dañadas.
Por desgracia en México, la cultura machista, los prejuicios y la violencia de género se extienden también a la administración pública y a las aspiraciones de las candidatas que buscan ejercer cargos de elección popular, lo que se traduce en agresiones verbales, intentos de desprestigio frecuentemente basados en estereotipos, e incluso en violencia física.
Estas y otras manifestaciones de violencia política obstaculizan la democracia e impiden que las mujeres compitan en igualdad de oportunidades con los hombres, en perjuicio de ellas y de la sociedad. De ahí la importancia de fortalecer el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, de impulsar el empoderamiento de una ciudadanía más informada y atenta a la exigencia del respeto de sus derechos fundamentales.
Ante la ausencia de un marco normativo que regule de manera específica este tipo de violencia, diversas instituciones se encuentran diseñando de manera proactiva el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 2017.
Esta herramienta de actuación, que se publicará en las próximas semanas, es un compromiso del estado que permitirá hacerle frente a los retos y desafíos de las instituciones mexicanas electorales y administrativas en sus distintos ámbitos de cara al 2018.
Dicho documento se nutre a partir de tres referentes fundamentales: la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres de la OEA CIM; la Recomendación General No. 35 del Comité de la CEDAW de ONU sobre violencia contra las mujeres basada en el género, así como la jurisprudencia 48/2016 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Para consultar y descargar el protocolo, da clic aquí.