El día de hoy, miércoles 15 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se modifica y se amplía la vigencia del similar que establece una Red de Zonas de Refugio en aguas marinas de jurisdicción federal frente a la costa oriental del Estado de Baja California Sur, en el corredor marino de San Cosme a Punta Coyote, publicado el 16 de noviembre de 2012”, mismo que entrará en vigor a partir del día de mañana.
El Acuerdo, conforme a la Opinión Técnica del INAPESCA, modifica la Red de 11 Zonas de Refugio Pesquero instituidas en 2012 para quedar conformada por 12 Zonas de Refugio Pesquero, de las cuales 11 zonas se ubican en la categoría de Totales Temporales, donde no podrá llevarse a cabo ninguna actividad de pesca comercial, didáctica, de fomento o de consumo doméstico sobre ninguna especie de flora o fauna acuáticas y la pesca deportivo-recreativa sólo se permite en la modalidad de “captura y libera”), ampliándose la superficie de la zona denominada “San Marcial” y agregándose 1 zona nueva denominada “La Brecha” bajo la categoría de Parcial Temporal. En esta zona de “La Brecha” sólo podrán llevarse a cabo actividades de pesca comercial, deportiva-recreativa o de consumo doméstico sobre una o varias especies de flora y fauna acuática, durante un periodo de tiempo definido y únicamente mediante el uso de artes o métodos de pesca específicos de carácter altamente selectivo).
Lo anterior, con base en lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-049-SAG/PESC-2014, que determina el procedimiento para establecer zonas de refugio para los recursos pesqueros en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos (DOF 14/04/14).
La Red de Zonas de Refugio Pesquero comprendía originalmente una superficie total de 1,409 hectáreas, mientras que con las modificaciones realizadas se amplió la superficie total de las mismas a 6,966 hectáreas, destacando que este incremento fue propuesto directamente por los propios pescadores y sus comunidades, quienes a lo largo de 5 años han observado y comprobado los efectos positivos del establecimiento de las zonas de refugio pesquero, participando activamente en su supervisión y evaluación, realizando una inversión en el futuro de las pesquerías, considerando que las zonas actúan como una cuenta de ahorro biológico, donde es posible fomentar hoy el futuro de la pesca, en beneficio de las próximas generaciones.
De acuerdo con la evidencia científica presentada, entre los resultados positivos observados hasta la fecha destacan: que la mitad de las especies de interés pesquero han aumentado en talla y peso promedio, que la riqueza, diversidad y biomasa de organismos presenta una tendencia a incrementarse, que ha aumentado el número de especies registradas y que el volumen de captura de especies de escama marina se ha incrementado en las zonas de pesca aledañas a las zonas de refugio pesquero.
Con la ampliación de la vigencia de esta Red de Zonas de Refugio Pesquero, concluye un importante proceso de trabajo colaborativo y de análisis de información biológica, pesquera, económica y social, promovido por las comunidades de pescadores de Agua Verde, Tembabiche, Ensenada de Cortés, Punta Alta, La Cueva, Nopoló, San Evaristo, Punta Coyote, Palma Sola, San Cosme, Los Dolores, El Portugués y El Pardito, apoyadas por la Federación de Cooperativas Pesqueras de Baja California Sur, contando con la coordinación de la Sociedad de Historia Natural Niparajá A. C., complementado con el respaldo de la opinión técnica del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA) y las gestiones realizadas por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA).
Con la publicación de este Acuerdo, que entrará en vigor este 16 de noviembre de 2017, la CONAPESCA, a través del trabajo de la Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, refuerza su compromiso de emplear nuevas herramientas en el manejo de pesquerías, para contribuir a la conservación y el aprovechamiento responsable de los recursos pesqueros en beneficio de la sociedad, permitiendo que sean las propias comunidades quienes participen activamente en el manejo responsable de dichos recursos.
