• Ninguna legislación debe prohibir a las Personas con Discapacidad su derecho a la sexualidad: Toledano
  • Seis de cada diez niñas con discpacidad mental son esterilizadas sin su consentimiento: Irene Torices
  • Un alto porcentaje de niñas y niños con discapacidad sufren abuso sexual
  • Propone GEISHAD legalizar la asistencia sexual para PcD

El Consejo para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) inauguró ayer el primer simposio "Derechos Sexuales de las Personas con Discapacidad”, que incluyó en su primer día diversas mesas de trabajo.

Jesús Eduardo Toledano Landero, Director General del CONADIS, quien presidió la ceremonia de apertura, subrayó que ninguna legislación debe prohibir a las PcD su derecho a la sexualidad, a la reproducción y a la familia.

En el evento destacó que en México, la mayoría de las Personas con Discapacidad (PcD) no goza de una salud sexual y reproductiva plena, pues de entrada, no existen suficientes servicios de educación; la legislación civil prohíbe a algunas personas contraer matrimonio y no existe, como en otros países, la figura de acompañante o asistente sexual para este sector de la población.

La maestra Irene Torices, presidenta del Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y atención a la Discapacidad A.C. (GEISHAD AC), expuso que se producen violaciones severas a los derechos de las PcD, lo que se expresa en hechos como que las familias autoricen la esterilización de sus hijas con síndrome de Down desde pequeñas.

"La esterilización impuesta es una práctica común, cuando es un delito que se castiga con una pena de entre cuatro a siete años de cárcel”, destacó la sexóloga.

Sin embargo, detalló, son los mismos médicos los que sugieren la cirugía a las familias, bajo el falso argumento de que tanto el síndrome de Down como cualquier trastorno mental son enfermedades hereditarias, y por tanto las personas no tienen derecho a procrear porque no pueden garantizar la crianza de niños. Ello sin considerar las creencias religiosas o culturales.

Cifras oficiales estiman que en nuestro país existen 7.7 millones de PcD y, al menos, cuatro de cada diez mujeres con discapacidad han vivido algún tipo de ataque sexual, en parte porque no reciben la educación necesaria para prevenir situaciones como el abuso, cifra que aumenta al doble cuando hay infertilidad impuesta.

Lo anterior, forma parte de los temas que el CONADIS abordó ayer, durante el primer Simposio "Derechos Sexuales de las Personas con Discapacidad”.

OSC y el propio CONADIS proponen reformar el código civil, porque actualmente impide a las PcD mental casarse, pues se les considera "niños eternos” que no tienen derecho a formar una familia. De ahí que debe  haber reformas a la legislación para acabar con este tipo de estereotipos y prohibiciones, para que independientemente de la discapacidad que se viva, ningún juez se oponga al ejercicio libre de contraer matrimonio.

Por otro lado, Irene Torices comentó que es necesario promover reformas para legalizar la asistencia sexual para las PcD, práctica que refiere a servicios profesionales que van desde asistir a una PcD en el movimiento de sus manos y ayudarle a vestirse, hasta realizarle prácticas sexuales.

Detalló que uno de los países que cuenta con una regulación en asistencia sexual es Suiza, cuyas leyes promueven la profesionalización de los asistentes sexuales con grado universitario, los cuales llegan a cobrar 75 euros por un servicio de 45 minutos a una hora y media.

Otros países que han avanzado en el tema de la legislación de asistencia sexual son Estados Unidos y Canadá. Mientras en Argentina ya se impulsan reformas para legalizar esta práctica. En Europa, los gobiernos de Dinamarca, Australia y Holanda pagan los servicios de asistencia sexual de las PcD, pero en Bélgica y Alemania estos servicios no están regulados.

En el caso de nuestro país, la sexóloga dijo que la propuesta del acompañante sexual es que abarque personal formado en medicina, enfermería y psicología, y que sean las PcD las que soliciten el servicio a través de un contrato firmado para que no se dé el delito de lenocinio o prostitución.

En la inauguración del Simposio también estuvieron presentes, María Antonia González Castillo, Directora de Género y Desarrollo en Política Social, del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), Rufino Luna Gordillo, Director General Adjunto del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Edgar Mauricio Acra Alva, Director General de Seguridad y Salud en el Trabajo de la STPS, Beatriz Guerrero, Representante de Inclusión Laboral del Sistema Nacional DIF y Tania Karasik Munitz, Directora del Centro de Autismo Teletón.