México fue el principal promotor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, mismos que fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, México firmó el 30 de marzo de 2007 y ratificó su adhesión el 17 de diciembre de ese mismo año.

La Convención en vigor el 3 de mayo de 2008, por lo que este año estamos conmemorando el 10° aniversario del primer tratado internacional que reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho en igualdad de condiciones que las demás.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promueve un “cambio paradigmático” en la forma de ver y tratar a las personas con discapacidad, ya que maneja un enfoque de Desarrollo Social, reafirmando que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

En México, aproximadamente el 6% de la población vive con algún tipo de discapacidad y es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) el organismo gubernamental que se encarga de coordinar las acciones orientadas a la aplicación de la Convención, en favor de este sector.

A raíz de la sustentación de México, en 2014, sobre el Informe Inicial presentado en 2011, el Comité de Expertos emitió recomendaciones y observaciones al Estado mexicano en la materia. Para dar seguimiento a las mismas, se instaló en 2015 un grupo de trabajo coordinado por Cancillería, la Secretaría de Gobernación y CONADIS.

Mediante nota verbal OGE0067, de 22 de febrero de 2018, la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, remitió al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el informe II-III consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que el Comité de Expertos lo publicó en su página el día 12 de marzo: