• La justicia debe ser expedita e imparcial, sin sesgos políticos.

  • A casi 5 años de su presentación, las impugnaciones promovidas por senadores, CNDH y Movimiento Ciudadano, en contra de la Ley General de Comunicación Social no han sido resueltas por la SCJN.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó formalmente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, que, en orden de prelación y por seguridad jurídica, proceda a resolver primero sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGSC) el 11 de mayo de 2018, y luego, se analice la validez de la reforma a dicha norma, aprobada en diciembre de 2022.

Cabe recordar que la expedición de la LGCS fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), lo cual fue cuestionado por la entonces minoría en la Cámara de Senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Movimiento Ciudadano, al considerar que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones, según los accionantes, no son acordes con la Constitución federal.

Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral, ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (plan B).

Hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente 5 años desde su impugnación en 2018.

La solicitud de la consejería jurídica es con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México; por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión.