B 053/2017

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a través de la Unidad de Género presentó la investigación con enfoque de género, diferencial y especializado sobre los contextos de victimización que comprometen, afectan e impiden el ejercicio de los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas.

El evento estuvo encabezado por el Comisionado Ejecutivo de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, Ismerai Betanzos  Ordaz, Coordinadora General de Derechos Indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos indígenas (CDI), Jesús Guadalupe Fuentes Blanco, Presidente del Consejo Consultivo de la CDI  y Carmen Echeverría Cabrera, Directora General de “Derechos y acciones afirmativas para la equidad” A.C, quienes coincidieron en que la asistencia y atención de las personas, pueblos y comunidades indígenas en situación de víctima, es un reto para el Estado ya que debe de transformar su visión de atención de las comunidades indígenas.

El objetivo de este estudio fue conocer el estado actual de los entornos en que se presentan los delitos del fuero federal, violaciones de derechos humanos y hechos victimizantes contra la población indígena, así como los factores de éxito y/o fracaso en la atención inmediata, asistencia y reparación integral conforme a sus demandas y necesidades específicas.

La investigación se realizó en los estados de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro Guerrero, Oaxaca, Campeche y en la Ciudad de México.

El estudio arrojó que dentro de los elementos fundamentales referentes al contexto en el que se presentan los hechos victimizantes contra este sector de la población, son las condiciones de pobreza, marginación, exclusión, y discriminación; agregando en algunos casos la presencia instalada del narcotráfico en ciertas regiones (Guerrero y Chihuahua).

La aculturación e integración de las y los indígenas a la cultura nacional sigue permeando en la construcción de políticas públicas por falta de capacidad o voluntad para implementar políticas multi e interculturales, lo cual abona al desarraigo paulatino y progresivo de la tierra.

Entre las malas prácticas identificadas se encuentran la inexistencia de recursos humanos habilitados y sensibilizados para darles atención adecuada; inexistencia de medidas de protección, asistencia y no repetición, desde una óptica distinta a la justicia occidental.

Lo anterior se traduce en necesidades específicas de la población indígena, centrada en atención con calidad humana orientada a la no discriminación, así como consulta sobre los procesos de reparación del daño, sobre todo en casos de violación de derechos colectivos que tienen que ver con el territorio y el uso, control y manejo de los recursos naturales.

El Comisionado Ejecutivo, Jaime Rochín del Rincón, enfatizó que la CEAV impulsa un cambio de paradigma en la atención de las víctimas para que la reivindicación de sus derechos surja a partir de sus propias necesidades y demandas. Por ello, es de particular relevancia contar con referencias documentadas sobre las circunstancias que se enfrentan ante un hecho victimizante, desde la perspectiva intercultural.

Asimismo, señaló que pese a que los derechos humanos se encuentran resguardados por la Constitución, las leyes y tratados internacionales, las personas y comunidades indígenas aún son víctimas de una profunda discriminación social que permea el sistema de justicia penal, ocasionado que un gran número de personas agrupadas en este sector que son indiciadas, procesadas o sentenciadas, no cuenten con la atención apropiada y terminen siendo víctimas de múltiples vejaciones, abusos y omisiones por parte de la autoridad encargada de procurar justicia.

Lo anterior es consecuencia de la nula capacitación de servidoras y servidores públicos acerca de los derechos de los pueblos indígenas.

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