La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se une a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres este 8 de marzo, que más que una celebración es una fecha que evoca la larga lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad de derechos, por ello este día es motivo de reflexión crítica sobre los retos que como sociedad enfrentamos para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

El 8 de marzo es significativo en diversos sentidos, porque si bien se tienen avances importantes en la legislación y en las instituciones, aún es una evidencia cotidiana y sistemática la violencia de género. Asimismo, la trata de personas y particularmente de niñas, adolescentes y mujeres es un problema vigente y alarmante. Las agresiones a mujeres en el acoso en las calles, sigue arraigado en las prácticas culturales. 

La violencia social puede afectar la vida de toda persona, sin embargo, los hechos victimizantes que afectan a las mujeres profundizan y agravan sus efectos, baste mencionar que cualquier persona teme transitar por determinadas zonas de noche ante la probabilidad de exponerse a un asalto, las mujeres además temen una violación, en un contexto donde aún se les responsabiliza de esa agresión. 

En nuestro país existe una alta tolerancia social a las violencias contra las mujeres que reproducen estereotipos y discriminaciones. Asimismo, es necesario reconocer y confrontar la prevalencia de una cultura comercial que se define por la representación prejuiciada de la mujer y de las niñas con evidentes connotaciones sexuales y de dominación.

Esta fecha es un momento de reflexión con quienes nos rodean, y para analizar cuánto hacemos por avanzar hacia una sociedad igualitaria que sea respetuosa de las diferencias, libre de violencias y discriminaciones.

También, en este marco, una diversidad de mujeres en lo colectivo y lo individual a través de las redes sociales se suman y difunden acciones globales, que visibilizan la urgencia de llevar a los espacios cotidianos la discusión sobre la igualdad de derechos y la inaplazable paridad en la representación política, entre otros temas, que haga eco en la casa, en la escuela, en el trabajo, en las instituciones, y en las calles. Se trata de que en todos los espacios se vea la importancia del papel de las mujeres en la vida de las sociedades.

Por su perfil institucional, esta Comisión reitera su compromiso con las mujeres y particularmente con aquellas que han vivido un hecho victimizante. Ello en el marco de las reformas a la Ley General de Víctimas, pero principalmente por responsabilidad institucional y por un principio de ética pública.

En ese orden de ideas, desde la CEAV se han generado espacios de formación continua para todo el personal sobre la perspectiva de igualdad de género, derechos humanos de las mujeres, espacios libres de hostigamiento y acoso sexual. Se cuenta con un lactario institucional para contribuir a la conciliación de la vida personal y laboral de las trabajadoras de la CEAV, lo que representa el ejercicio efectivo de sus derechos laborales. Semanalmente se informa vía correo institucional al personal de la Comisión las fechas que conmemoran la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres y diversos tópicos relativos a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres

De igual manera, la CEAV impulsa el desarrollo de investigaciones con enfoque de género, diferencial y especializado sobre los contextos de victimización que comprometen, afectan e impiden el ejercicio de los derechos de grupos de víctimas tales como las personas mayores, migrantes, comunidades, personas indígenas y la comunidad LGTBTTTI; esto con el propósito de visibilizar las afectaciones diferenciadas y las interseccionalidades que median en los hechos victimizantes, lo cual permitirá orientar medidas de atención y reparación integral con una visión más amplia de las necesidades de las víctimas.

Todo ello, en observancia de lo establecido en la Ley General de Víctimas, particularmente en el artículo 7, fracción XXI, que establece como un derecho de las víctimas que las políticas públicas implementadas tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, a los adultos mayores y a los pueblos indígenas.