Las poblaciones más excluidas y discriminadas históricamente en México han sido las comunidades indígenas. En estos sectores, mayormente concentrados en zonas rurales de estados como Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Veracruz, Puebla, Yucatán, Guerrero e Hidalgo, donde se registran los niveles más altos de pobreza en el país, existe una diferencia importante en relación a las oportunidades y el acceso a los derechos más elementales y la justicia, cuando se les compara con el entorno urbano.
La dificultad para tener acceso a los servicios y necesidades básicas, a la salud, a la alfabetización, los bajos ingresos laborales, oportunidades de trabajo y situaciones de violencia, reflejan las circunstancias desiguales que viven las comunidades indígenas, que representan más de 10 por ciento de los habitantes del país, frente a la mayoría de la población.
Dentro de los grupos indígenas, las mujeres, que constituyen alrededor de 51 por ciento, son las más afectadas por la discriminación, ya que, a los motivos de exclusión por su condición indígena, como pueden ser la religión o costumbres, se agregan situaciones de violencia y exclusión por razones de género. Esto se ve reflejado en distintos escenarios de la vida cotidiana, como son las pocas oportunidades para acceder al mercado laboral, dificultades geográficas, la escasa participación política o la escolaridad.
En las poblaciones indígenas, el porcentaje de asistencia escolar disminuye considerablemente a partir de los 15 años. De acuerdo a los resultados de la Encuesta Intercensal de 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 34 por ciento de la población indígena de entre 15 y 24 años asistía a la escuela en ese año, con una diferencia de 2.7 puntos porcentuales a favor de los hombres.
Otro contexto que refleja la situación desigual entre mujeres y hombres indígenas es la ocupación e inserción laboral. La participación indígena dentro de la Población Económicamente Activa (PEA) en el año 2015 fue de 43.9 por ciento, del cual 65.7 corresponde a la ocupación masculina y sólo 23.5 la femenina.
En este sentido, un aspecto que es también importante considerar es la retribución económica por el trabajo realizado. En 2015 más de 64 por ciento de las mujeres mayores de 12 años en poblaciones indígenas realizaba actividades no remuneradas, rebasando de manera importante el porcentaje masculino de 35.3 por ciento.
Dentro de las actividades no remuneradas presentes en la vida cotidiana de las mujeres encontramos labores de limpieza y cuidado del hogar, que además consideran como obligaciones intrínsecas al género femenino, así como la compra y preparación de alimentos, el cuidado de los niños, de adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad.
El nivel de participación de este grupo en tareas como las anteriores muestra la importancia de las mujeres para la estabilidad de las familias mexicanas y para el sostén general de la sociedad, así como también para la lucha social de sus comunidades y la contribución a la economía nacional. Bajo este entendido, lo inconsecuente de la situación desigual que experimentan en la vida diaria toma mayor relevancia.
Entre las soluciones al contexto discriminatorio que viven las mujeres indígenas en nuestro país destacan la inclusión productiva y el involucramiento en la toma de decisiones, toda vez que el conocimiento, la capacidad de gestión y el desarrollo de habilidades para la vida cotidiana representan herramientas de utilidad para el fortalecimiento de su autonomía dentro de la comunidad.
La inclusión de las mujeres en las actividades económicas, que implica su participación en la generación de ingresos, favorece la reconstrucción del tejido comunitario y las relaciones que lo conforman, lo cual forma parte de los objetivos más importantes del programa Sembrando Vida para la recuperación del campo mexicano y la generación de bienestar en el ámbito rural e indígena.
La incorporación de la perspectiva de género en el programa tiene el objetivo de incentivar el acceso de las mujeres a sus derechos sociales sin obstáculos relativos a su condición de género, así como favorecer su participación en las actividades comunitarias, contribuyendo a la eliminación de las brechas de desigualdad.
Es indispensable pensar en un desarrollo rural y social con perspectiva de género para favorecer el establecimiento de relaciones sociales equitativas, sobre al ser las mujeres el pilar de las familias y las comunidades mexicanas.
El impulso del empoderamiento de las mujeres indígenas es fundamental en el camino para la construcción de un futuro de estabilidad social, de justicia y bienestar en el país.
*INEGI, Encuesta Intercensal, México, 2015.
*INPI, Mujeres indígenas, datos estadísticos en el México actual.