A sus 93 años de edad, Amelia Aquino, aún trabaja como artesana de ollas de barro en la comunidad de Xicotepec, en el estado de Puebla, oficio que heredó de su madre y abuela.

Por primera vez, a sus casi cien años de vida y 68 de trabajo continuo moldeando el barro, forma parte de los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, creada por el Gobierno de México y consagrada ya como un derecho constitucional.

Mientras trabaja con sus manos de artista, relata lentamente cómo, en agosto pasado, se decidió a solicitar la Pensión para las Personas Adultas Mayores. Sentada, con su mandil de trabajo, tranquila, explica que su pensión le sirve para comprar sus medicamentos y pagar al médico que la atiende.

“Hasta ese mes de agosto fui para que me dieran el apoyo. Yo lo ocupo, alcanza para mi medicina, para la paga del doctor y todo pues”, narra doña Amelia quien, por primera vez, es derechohabiente de un programa social gubernamental.

En 2020, la Pensión para Personas Adultas Mayores, que implementa la Secretaría de Bienestar, incorporó a más de 8 millones de derechohabientes en todo el país con un pago de 2 mil 620 pesos bimestrales. A partir de este año, el apoyo aumentó a 2 mil 700 pesos bimestrales.

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