Ningún Estado puede estar satisfecho de cumplir los principios de justicia y equidad que dan sustento al pacto social si no se caracteriza por su ética.
En este contexto, cobró un impulso prioritario el combate a la corrupción, tema que si bien ya estaba presente en la agenda nacional, sumó a él la necesidad de contar en su diseño con la supervisión ciudadana sobre la acción gubernamental.
Y para ello la Función Pública habilita sus dos herramientas de participación ciudadana y combate a la corrupción.
La primera es el Sistema Integral de denuncias ciudadanas (SIDEC), donde los ciudadanos pueden hacer su denuncia, cuando han sido perjudicados por algún funcionario o institución pública.
Y el segundo es el sistema de Ciudadanos alertadores, un sistema altamente confidencial y que está construido en tres ejes, El primer eje de Ciudadanos Alertadores es la confidencialidad, el segundo es el acompañamiento y el tercer eje es la sanción rápida.
Estas herramientas articulan una estrategia integral para hacer frente eficaz a la corrupción. Responde a las tres características fundamentales de este flagelo social: 1) el uso inadecuado de los recursos y la falta de resultados; 2) la opacidad y la necesidad de mecanismos de participación ciudadana; así como 3) la ilegalidad en el actuar de algunos servidores públicos.