Este documento parte desde un enfoque de derechos humanos para, en última instancia, contribuir a la creación de políticas públicas que tiendan a prevenir y eliminar la discriminación histórica y estructural contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (lgbti). Se trata, sin lugar a dudas, de una deuda histórica que el Estado mexicano está obligado a subsanar.
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