El 32.7% de los migrantes en tránsito por México (estimados en 390 000 de acuerdo con cifras del INAMI) sufren algún problema de salud. De estos, el 64% hacen uso de servicios de salud, de los cuáles el 85.8% se atienden en albergues o Casas del Migrante, 2.5% en centros de salud del sistema público y 2.2% llegan a permanecer en hospitalización.

Estos son algunos de los hallazgos para México a partir del proyecto “Cooperación Chile-México para el fortalecimiento de las políticas públicas de salud de migrantes internacionales”, desarrollado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Ministerio de Salud del Gobierno de Chile, financiado por el Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile, bajo la dirección de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo AMEXCID de la S.R.E.

Dicho proyecto que tuvo como objetivo: Fortalecer el proceso de implementación de la Política de Salud del Gobierno de Chile para Migrantes internacionales y la capacidad institucional del Instituto Nacional de Salud Pública de México, para brindar asistencia técnica en migración y salud a Chile, a través de transferencia de conocimiento, intercambio de experiencias y evidencia científica”, realizó la presentación de sus resultados el día 02 de marzo del presente, en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En Chile, a partir del Plan Piloto de Salud de población inmigrante (2015 -2016), que se implementó en las comunas de Antofagasta, Arica, Iquique, Recoleta y Santiago; se desarrollaron diagnósticos participativos, de salud, capacitación y sensibilización a prestadores de servicios de salud. El desarrollo de los pilotos, contó con una coordinación sectorial e intersectorial donde participaron la Organización Internacional de Migraciones, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, el Departamento de Extranjería y Migración y con el acompañamiento técnico del Instituto Nacional de Salud Pública de México.

El Fondo Chile-México permitió evaluar esta experiencia, generando evidencia en el ámbito no sólo de morbilidad hospitalaria, acceso a la atención primaria, riesgos y daños en salud, sino de otros factores, que impiden que esa población acceda o haga uso de servicios de salud, aún cuando ya hay un decreto nacional sobre el derecho de atención a esta población, en las instancias públicas de Chile.

La evidencia generada en el proceso formó parte de la  Política en Salud  para Migrantes Internacionales de Chile, que garantiza la accesibilidad de los servicios de salud a poblaciones migrantes. Se incluyen además, formas y procesos de mediación intercultural que refuerzan a la política nacional chilena, que ya incorpora a personas en situación irregular (indocumentadas o sin visa de residencia) carentes de recursos, como beneficiarias del seguro de salud público, de acuerdo a la normativa nacional y en igualdad de condiciones que la población local.

En términos generales este proyecto permitió estimar denominadores poblacionales, dar insumos para el fortalecimiento de políticas de salud focalizadas para ambos países, analizar la respuesta social, y a la vez desmitificar una representación social común que asocia a la migración con la propagación de cierto tipo de enfermedades y un excesivo uso del sistema de salud.

Como efecto más amplio en la aportación de este proyecto se identifica la necesidad de una mirada de política pública de salud para personas migrantes, basada en el cumplimiento del derecho universal a la salud y de esta forma dar una respuesta integral a la relación entre salud y migración que permita reducir costos, tiempos, recursos y disminuir la vulnerabilidad social de los diversos grupos móviles en la región.

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