Comunicado de prensa 001/2022

A tres años de la emisión del Acuerdo Presidencial por el que se establecen diversas acciones para la transferencia de documentos históricos que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción en posesión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal[1], el Archivo General de la Nación (AGN) ofrece una recapitulación de las acciones que ha emprendido para dar cumplimiento al mismo.

El 2 de abril de 2019, el Archivo General de la Nación publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal transfieran los documentos históricos relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción[2]. En el cual se dispone la manera en que las dependencias y entidades públicas de la Administración Pública Federal identificarán, organizarán y transferirán la documentación sobre la materia al Archivo General de la Nación.

Posteriormente, en 2020, para simplificar el procedimiento para que las dependencias y entidades de la APF realicen la transferencia de sus documentos con carácter histórico al Archivo General de la Nación, el 12 de octubre del mismo año el AGN emitió los Lineamientos para que el Archivo General de la Nación emita el Dictamen y Acta de Baja Documental o de Transferencia Secundaria para los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal, previsto en el artículo 106, fracción VI, de la Ley General de Archivos[3], lo cual, al aportar una vía más eficiente para que las instituciones públicas realicen la transferencia de sus archivos con valores históricos, facilitará que se transfiera la documentación materia del Acuerdo.

Desde 2020 el AGN ha mantenido cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia para preparar la transferencia de los documentos en cuestión que obren bajo su dominio, derivado de lo cual se ha concretado una primera transferencia de una caja con 10 legajos que contienen material relacionado con homicidio de periodistas, de los años 1987 a 1990, consistente en 816 fojas más 315 negativos de fotografías y 6 fotografías.

Al momento, para intensificar el cumplimiento del Acuerdo presidencial, el Archivo General de la Nación ofrece a las Secretarías que conforman el Poder Ejecutivo Federal, asesoría y acompañamiento, que permita atender no solo las disposiciones consignadas en el Acuerdo, sino también los asuntos pendientes para el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Ley General de Archivos y cuya resolución facilitarán la realización de las tareas necesarias para dar atención a la instrucción dada por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Esta asesoría y acompañamiento incluye el reconocimiento de los archivos de concentración de las dependencias (espacio en el que se resguardan los documentos que dejaron de tener vigencia pero que aún no se define si poseen valores históricos por los cuales se deban trasladar a un archivo histórico para su conservación permanente o si, por el contrario, no tienen  ya utilidad y es procedente su eliminación) para realizar un diagnóstico sobre su estado de conservación y composición, diagnóstico que se realizará con la participación de un especialista de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, instituida por decreto presidencial publicado en el DOF el 06 de octubre de 2021.

En este tenor, el AGN trabaja con la Comisión para el Acceso a la Verdad para la definición de criterios mínimos para el reconocimiento de documentación que pueda aportar información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, de tal manera que las personas servidoras públicas encargadas de realizar la revisión de archivos en sus instituciones, tengan un parámetro bajo el cual realicen la valoración de sus documentos y puedan identificar los expedientes que puedan arrojar información o pistas para la investigación de violaciones graves a derechos humanos.

De la misma manera, el AGN buscará un acercamiento con el Sistema Nacional Anticorrupción para poder trabajar en la definición de los lineamientos correspondientes para la identificación de documentos que permitan conocer actos de corrupción.

Cabe destacar que el AGN custodia la documentación que produjo hasta 1985 la extinta Dirección Federal de Seguridad, la agencia de inteligencia del Estado Mexicano que operó como la policía política encargada de las acciones de represión y persecución de la oposición y disidencia política y contrainsurgencia, con expedientes que brindan información relevante sobre los reportes que generaban sus agentes, documentación que fue transferida en 2002 al AGN en virtud del Acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas viculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, pero cuyo acceso era restringido y era administrado por el extinto Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, hasta que en 2019, en el marco de la política de memoria, verdad y justicia que impulsa el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, concluyó la cooperación técnica entre el CISEN y el AGN, a partir de lo cual el AGN asumió su control, lo que permitió en febrero de 2020 liberar su consulta íntegra e irrestricta para cualquier ciudadano, con las limitantes de no contar con un instrumento de consulta archivística. Desde entonces y a la fecha, 457 ciudadanos han consultado 17,576 expedientes de este grupo documental. El acceso irrestricto a estos documentos contribuye a la investigación de violaciones graves a derechos humanos y al esclarecimiento histórico de uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de México.