En el preludio del estallido de la Segunda Guerra Mundial nuestro país mantuvo un estado de neutralidad. Esta posición nos permitió establecer múltiples relaciones favorables entre las potencias democráticas y las entonces potencias totalitaristas, entre ellas Alemania, a donde se exportó parte de la producción petrolera mexicana.

Tras el ataque de la Aviación Imperial Japonesa a la base naval estadounidense de Pearl Harbor, nuestro país tuvo que definir su postura política mundial. Así, el 7 de diciembre de 1941 México determinó romper todo tipo de relación con los países del Eje, aunque siguió manteniendo su postura de neutralidad. Esto cambió con el hundimiento de las embarcaciones Potrero del Llano y Faja de Oro, atacadas por submarinos alemanes. Este hecho dio paso a la declaración de Estado de Guerra en contra de la Alemania nazi, el Reino de Italia y el Imperio Japonés.

La declaratoria vino acompañada de diversas políticas que fortalecieron las bases del régimen autoritario. Un claro ejemplo fue la reforma al Capítulo III a los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal para establecer los delitos políticos o de disolución social.[1] Éste tipificaba que el extranjero o nacional que de forma escrita o hablada realizará propaganda política difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que afectaran el reposo público o la soberanía del Estado mexicano cometía disolución social. La finalidad era frenar la presencia de ideas fascistas y nacistas dentro de país, pero posteriormente sería aplicado este delito para encarcelar a los principales líderes de los movimientos sociales y políticos que se presentaron durante la segunda mitad del siglo XX.

Otra de las circunstancias que se presentó fue el fortalecimiento de los cuerpos de elite de seguridad. Este fue el caso del Estado Mayor Presidencial, el cual en 1942 quedó formalmente institucionalizado bajo ese nombre tras la reforma legislativa militar promovida por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, antiguo miembro del Estado Mayor.

El espionaje del Estado mexicano fue otra de las prácticas que se vio fortalecidas durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, con gran atención en los extranjeros alemanes, italianos y japones. A partir de documentos que se resguardan en el Archivo General de la Nación dentro del fondo Archivos Presidenciales/ Manuel Ávila Camacho, se puede conocer parte de la política de vigilancia que se implementó por parte del Estado. Parte de esas historias refieren a la reclusión de algunas personas en determinados campos de detención, tal como ha sido señalado por el investigador Carlos Inclán Fuentes en su tesis intitulada Perote y los nazis[2].

A continuación, ponemos a tu disposición documentos que dan cuenta del actuar del Estado mexicano durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, medidas e instrumentos de vigilancia y control que terminaron por arraigarse como parte de la estructuración del régimen autoritario.

[1] Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, “Decreto que reforma el Código Penal”, Ciudad de México, 14 de noviembre de 1941, en, AGN, Biblioteca-Hemeroteca Ignacio Cubas, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, tomo CXXIX, núm. 12.   

[2] Carlos Inclán Fuentes, Perote y los nazis: las políticas de control y vigilancia del Estado mexicano a los ciudadanos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial (1939 - 1946) (Tesis de Licenciatura), Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/181310