El proceso de la Conquista significó una ruptura para las culturas originarias de México, las cuales vieron interrumpido su proceso evolutivo y cultural, no solo a través de las armas y el despojo de tierras, sino también con el posterior sometimiento que vivieron por cerca de 300 años mediante las instituciones que se establecieron durante el Virreinato, como la Inquisición, una de las principales opresoras de ideas, conocimientos y pensamientos de la población.
Una de las herramientas utilizadas por parte del Santo Oficio para hacer llegar su mensaje a todo el pueblo novohispano fueron los edictos inquisitoriales. Estos avisos o decretos eran publicados con el fin de exhortar a los habitantes a denunciar a quienes atentaran contra la fe católica a través de la blasfemia, la herejía y la resistencia hacia la imposición religiosa. De igual manera fue uno de los medios por los cuales la Inquisición prohibía la circulación y lectura de libros.
Para 1613, desde la Ciudad de México se expidió un edicto que ordenaba, sin importar condición social o de casta, la denuncia de toda aquella persona en posesión de libros que estuvieran escritos en otras lenguas diferentes al español y que se hiciera circular por todas la ciudades, villas y puertos dicha orden, pues se tenían noticias de la venta y posesión de diversos textos que atentaban contra los ideales de la Iglesia.
Esta medida también pidió que todo aquel que fuera dueño de algún escrito o biblioteca lo presentara ante el Tribunal para su examinación por jueces especializados, sin importar que los textos estuvieran en lengua indígena, romance, latín o alguna otra, esto con el motivo de tener un control total del contenido de los libros que circulaban en la Nueva España, y a quien le fuera encontrado alguno considerado como prohibido sería castigado con la excomunión y una multa de mil ducados, y los ejemplares expropiados pasarían a ser parte de una purga.
Dicho edicto también dio forma a normas para los vendedores y particulares. Tenían que presentar una lista de los libros que estaban por vender y los que tenían, así como los que adquirirían dentro de los primeros setenta días de cada año, además debían realizar un inventario con los datos de impresión de cada título y en ese mismo declarar y firmar bajo juramento que no conservaban ninguno que atentara contra la buena fe de la Iglesia católica. Con esto se crearía un catálogo de obras prohibidas que sería usado por los guardias comisionados para revisar todo aquello relacionado con la mercancía editorial que se tuviera a lo largo y ancho de la Nueva España.
Referencia: AGN, Instituciones Coloniales, Edictos de Inquisición, vol. 1, doc. 18.
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