Durante la Nueva España existieron diversas bebidas alcohólicas que eran reguladas por la Corona, quien determinaba tanto su prohibición como su venta. Fue así que con la finalidad de proteger el mercado de importación y evitar daños a la salud y contra las buenas costumbres prohibió el aguardiente de caña, también conocido como chinguirito.
Naturalmente, una parte de la población novohispana se rehusó a comprar aguardiente importado, ya que en la Nueva España se conseguía a un precio más accesible, pues el agave y la caña de azúcar, principal materia prima para la destilación de aguardiente, crecían en diversas partes del territorio.
Esto llevó a la proliferación de productores ilegales y contrabandistas, quienes aprovechaban las cualidades imperecederas de este elixir para su almacenamiento y distribución. Dicha situación resultaba alarmante para las autoridades novohispanas, pues los lotes de aguardiente salían discretamente de una fábrica ilegal y permanecían ocultos en una barranca o cueva para después ser transportados a otro punto de venta.
Las autoridades novohispanas, al considerar que era imposible frenar la producción y venta ilegal del aguardiente, procedieron a legalizar su fabricación en la Nueva España en 1796,[1] decisión que llegó tarde porque varias redes de contrabando se habían consolidado y estaban dispuestas a continuar para evadir el correspondiente pago fiscal a la Real Hacienda.
Para terminar con estas redes de contrabando, el gobierno se enfocó en localizar los puntos de fabricación y en cortar la red de transportación, acción que tuvo más éxito que la primera, ya que uno de los puntos débiles de la cadena de producción del aguardiente ilegal se encontraba en el traslado de la mercancía, en especial cuando se dirigía a la Ciudad de México. Por este motivo, las autoridades implementaron una celosa vigilancia en las garitas de la urbe para evitar la entrada de bebidas alcohólicas prohibidas y de otros productos.
Varios contrabandistas fueron sorprendidos “con las manos en la masa” por los aprehensores de las garitas, quienes vigilaban día y noche estos puntos de entrada de la ciudad, mientras que otros intentaron sortear los obstáculos navegando por los antiguos canales de la Ciudad de México. Tal fue el caso que se presentó en junio de 1799 en el canal de la Viga con el guardia don Vicente León, quien vio pasar una canoa en donde venían tres personas que al percatarse del guardia apresuraron su marcha. Con esto inició una persecución que terminó hasta las orillas de un pueblo en donde los sospechosos desembarcaron para escapar, cada uno de ellos con un cuero de aguardiente de caña dejando más mercancía en la canoa (imágenes 1 y 2).
Imágenes 1 y 2. Relato del guardia don Vicente León sobre la confiscación del aguardiente, 22 de junio de 1799
Durante las investigaciones se descubrió que entre los sospechosos estaba la indígena María Ignacia, viuda de Manuel Domingo, hija del zacatero Domingo del barrio de Santa Anita. Al no ser localizada María Ignacia, detuvieron a sus padres para ser interrogados. Durante la diligencia, Domingo explicó que la noche anterior lo había contactado don Francisco Marian, comerciante de una vinatería, para proponerle el traslado de un lote de cueros cargados de aguardiente a cambio de dos pesos (imágenes 3 y 4).
Imágenes 3 y 4. Declaración del zacatero Domingo, 22 de junio de 1799
Según la declaración, Domingo rechazó el encargo por no contar con una canoa; sin embargo, su hija María Ignacia y dos de sus amigas aceptaron contrabandear el aguardiente, mientras que Domingo se mantendría a la orilla del canal de la Viga para vigilar y alertar sobre la presencia de alguna autoridad.
Tras esta declaración buscaron a María Ignacia y a sus dos cómplices en todo el poblado, aunque no tuvieron éxito. Ante tal situación, las autoridades procedieron a interrogar a don Francisco Marian, uno más de los implicados, pero negó toda relación de negocio con Domingo, ignoró la llegada de los cueros de aguardiente a su canoa y señaló como posibles implicados a los guardias de la garita, quienes habían reservado el aguardiente para ellos (imagen 5).
Imagen 5. Declaración de Francisco Marian, 06 de julio de 1799
No obstante, el guardia refutó la declaración de Francisco Marian, señaló que Francisco había llegado a la zona para manifestar que el aguardiente era suyo y solicitó que lo mantuvieran reservado para que no lo decomisara la aduana, petición que fue ignorada y, por ende, el licor fue decomisado, lo que ocasionó la molestia del sospechoso (imágenes 6 y 7).
Imágenes 6 y 7. Declaración del guarda aprehensor, 06 de julio de 1799
A pesar de la declaración que señalaba como presunto culpable a Francisco Marian, este nunca pisó la cárcel, a diferencia de Domingo y su pareja, quienes permanecieron encarcelados cerca de dos meses. Dicha resolución deja ver el arbitrario sistema de justicia que llegó a existir durante la Nueva España, pues prácticamente los aprehensores de la garita y Francisco Marian fueron eximidos de cualquier cargo, mientras que dos indígenas, que a lo mucho cobrarían dos pesos por trasladar una mercancía, fueron privados de su libertad (imágenes 8 y 9).
Imágenes 8 y 9: Liberación del zacatero Domingo y su esposa, 28 de agosto de 1799
Esta respuesta por parte de las autoridades reconoce la posible protección hacia algunos contrabandistas que estaban vinculados con los guardias de las garitas, tal como recoge la investigadora Teresa Lozano Armendares. La especialista encontró diversos casos en los que identificó la participación directa de las autoridades en el contrabando, mismas que al momento de ser interrogadas negaban su participación, de esta forma, toda la responsabilidad caía sobre el eslabón más débil de la cadena de contrabando: el transportista, quien muchas veces tomaba este trabajo por la necesidad de unos pocos pesos.
Finalmente, las dos personas indígenas fueron liberadas bajo la condición de entregar a su hija a las autoridades, lo cual nunca se cumplió, y Francisco Marian sufrió una muerte repentina, así que se dio por cerrado el caso. El lote de aguardiente fue rematado y las autoridades de la Real Hacienda quedaron satisfechas con los 64 pesos y 3 reales obtenidos. Así, esta bebida terminó siendo el gozo para los más vivos.
Referencia de imágenes:
Todas las imágenes proceden de AGN, Instituciones Coloniales, Aguardiente de Caña, vol. 1, exp. 11.
Imágenes 1 y 2: fs. 340f. y 341f.
Imágenes 3 y 4: fs. 341v y 342f.
Imagen 5: fs. 342v.
Imágenes 6 y 7: fs. 343f y 343v.
Imágenes 8 y 9: fs. 346f y 346v.