AGN Recuerda a Demetrio Vallejo, el ferrocarrilero que combatió el charrrismo sindical y el corporativismo

Desde muy joven se incorporó a las labores de los ferrocarriles como telegrafista. En 1948 tuvo su primera participación en el movimiento sindical ferrocarrilero que pretendía alcanzar una independencia frente al corporativismo del Partido Revolucionario Institucional (PRI). No obstante, dicho movimiento sindical fue derrotado, quedando la asociación de los trabajadores ferrocarrileros incorporada dentro de la estructura del aparato gubernamental y patronal del Estado a través del charrazo. Es decir, mediante la imposición de una dirección política y su subordinación al control por parte del partido en el gobierno.

 

A principios de 1958, con la pronta salida del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines y la conclusión del programa de política ferrocarrilera que se elaboró para el sexenio 1953-1958, la asamblea plenaria del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) inició una nueva lucha para negociar con la empresa un mejor contrato colectivo con el objetivo de obtener un mayor salario y prestaciones laborales. Demetrio Vallejo junto con sus colegas de la sección de Oaxaca se sumó a este nuevo frente.

 

La movilización de los ferrocarrileros inició en mayo de aquel mismo año con una contundente asistencia de todos los secretarios generales de las 28 secciones del sindicato. Éstas crearon desde un principio una “comisión pro-aumento de salarios”, la cual adoptó el Plan Sureste. Dicho plan, menciona Valentín Campa,[1] tuvo como objetivo establecer una organización sistematizada entre todas las secciones con el fin de lograr un aumento salarial de 350 pesos mensuales por parte del gobierno. En caso de ser denegado el aumento, como maniobra de presión, se procedería a la huelga de manera progresiva hasta alcanzar un paro total de labores en la empresa.

 

La administración saliente manifestó que no podía conceder el aumento argumentando que la empresa generaba un mayor costo de subsistencia que productividad. La respuesta negativa puso en marcha la organización de los ferrocarrileros, quienes se lanzaron en el mes de junio a las calles. La lucha ferrocarrilera fue ardua pues el gobierno no estaba dispuesto a reconocer la huelga y en su lugar implementó una serie de métodos legales e ilegales con el fin de silenciar a los trabajadores “disidentes”. Estos fueron tachados desde un inicio como traidores a la patria bajo el descalificativo de “antimexicanos”.

 

Así, desde el órgano informativo del Estado, El Nacional, se comenzó a desacreditar la lucha de los ferrocarrileros y líderes sindicales como Demetrio Vallejo y Valentín Campa. La retórica de la prevaricación[JRME1] [2] del Estado se hizo presente en cada una de las noticias sobre la huelga ferrocarrilera de junio con el fin de justificar el uso del poder del Estado. El periódico desplegó entre sus primeras planas noticias llenas de intriga, asegurando la presencia de “irregularidades sindicales cometidas por Vallejo, Campa y demás agitadores incrustados en el sindicato”,[3] así como aseverar que los capitalinos clamaban por acabar con los paros, forjados, según El Nacional, “no del reclamo justo y constitucional sino de la actitud antimexicana de los precipitados líderes”.[4]

 

Aquella incipiente huelga por un mejor salario llevó a plantear otras demandas dentro del gremio ferrocarrilero, como terminar con el famoso “charrismo” dentro del STFRM que desde la época del presidente Miguel Alemán se había establecido con la imposición del dirigente Jesús Díaz de León mejor conocido como “El Charro”. La demanda de efectuar elecciones para elegir a nuevos representantes sindicales fue planteada para el mes de julio de aquel año. El apoyo fue general hacia la planilla encabezada por Demetrio Vallejo quien ganó contra José María Lara, otro líder “charro”.

 

Lograr una verdadera democracia dentro del sindicato y contar con el apoyo del Partido Comunista Mexicano (PCM), el Partido Obrero Campesino Mexicano (POCM) y el Partido Popular (PP) implicó mayor presión sobre la empresa y la saliente administración de Ruiz Cortines, los cuales se vieron obligados a ceder a las demandas de los obreros proporcionando un aumento salarial de 250 pesos.

 

A pesar del aparente éxito de la huelga de 1958, la nueva organización interna del sindicato siguió trabajando para conquistar un mejor contrato colectivo. Se buscaba que éste incluyera proporcionar a los trabajadores casas cómodas e higiénicas, demanda justificada de acuerdo con el artículo constitucional 123 fracción XI. A esta petición se sumó la solidaridad con los sindicatos de las compañías férreas menores, cuyos contratos colectivos fueron tratados de manera separada. Sin embargo, el régimen de Adolfo López Mateos se mostró inflexible a seguir aceptando las demandas de los obreros ferrocarrileros, a cambio se planteó la desestabilización de su organización sindical democrática y detener a sus dirigentes, en especial a Demetrio Vallejo y Valentín Campa.

 

Al respecto, llegó a señalar Campa[5] que el presidente Adolfo López Mateos, a diferencia de su antecesor, abrazó una cooperación bilateral más cercana con los Estados Unidos de Norteamérica. Desde el inicio de su administración el presidente mexicano se reunió con su homólogo estadounidense, Dwight D. Eisenhower, quien encabezaba la “fiebre del miedo al comunismo, a la expansión de la influencia soviética en América Latina y a un ataque nuclear”.[6] El mantener a raya las luchas obreras en México fue uno de los temas centrales durante la primera reunión que tuvieron ambos mandatarios en febrero de 1959.

 

Como parte de la cooperación entre ambas naciones se estableció un proyecto secreto con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) conocido como LIENVOY, renovado en 1967.[7] Este proyecto involucraba directamente a las autoridades mexicanas, incluyendo al presidente, con jefes de la estación de la CIA en México, lo que resultó un intercambio muy productivo para identificar individuos y grupos políticos y sociales señalados de "llevar supuestas o reales actividades comunistas”.

 

No se conoce a ciencia cierta la injerencia que tuvo el proyecto LIENVOY en la lucha obrera ferrocarrilera, sin embargo, Campa señaló que la CIA asesoró directamente a las autoridades mexicanas con el fin de aplastar la huelga a través de su agente encubierto a quien identificó como Dean Stephanski[8]. Cabe recordar que en el momento en que se impulsó la huelga ferrocarrilera, los medios de comunicación se lanzaron a señalar que era un movimiento provocado por la injerencia soviética en México, asimismo, el STFRM fue acusado de ser un espacio secuestrado por comunistas que no representaban la voluntad de todos los trabajadores ferrocarrileros. Es decir, el discurso anticomunista comenzó a tener una mayor aplicación para que el gobierno mexicano actuara de manera justificada con toda la fuerza, en este caso en contra de la huelga ferrocarrilera, misma que finalmente fue desconocida.

 

En plena Semana Santa de 1959 las autoridades realizaron toda una operación que consistió en señalar la huelga ferrocarrilera como ilegitima; desplegar al Ejército dentro de las instalaciones tomadas por los obreros; proceder con despidos masivos, y detener a todos los líderes del STFRM bajo delitos fabricados.

 

Demetrio Vallejo fue uno de los primeros recluidos en el campo militar número uno, mientras que Campa logró escapar, permaneció en las sombras e intentó comunicarse con el expresidente Lázaro Cárdenas del Río para que mediara ante el presidente Adolfo López Mateos por garantías para miles de ferrocarrileros despedidos o encarcelados injustamente. Sin embargo, el nuevo gobierno estaba lejos de solidarizarse con los trabajadores para resolver las grandes desigualdades económicas y sociales que sufrían. En su lugar, comenzaron a fortalecerse los gérmenes de la reestructuración neoliberal y de su política.[9]

 

Demetrio fue procesado por el delito de disolución social, ataques a las vías generales de comunicación y contra la economía del país. También fueron recluidos en la  Penitenciaría del Distrito Federal: Valentín Campa, Eladio Alemán Molina, Alfredo Rodríguez Andrade, Eugenio Jesús Araujo, Enrique Caballero Zárate, Roberto Gómez Godínez, Gil López Gómez, Enrique Sánchez Camarena, Manuel Jiménez Ramírez, José Guadalupe López Vargas, David López López, Ignacio Martínez Chávez, Raymundo Rangel Morales, Próspero Reyes Muñoz, Antonio Sánchez Rodríguez, David González Castillo, Máximo Correa Camargo, Francisco Carvallo Sandoval, entre otros imputados injustamente. Estos pasaron once años en el Palacio Negro de Lecumberri, hasta que tras transcurrir dos sexenios fue derogado el tan pernicioso artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal que estipulaba el delito de disolución social.

 

Finalmente, el combatiente obrero Demetrio Vallejo, junto con otros dirigentes, salió de la Penitenciaría de Lecumberri un 29 de julio de 1970. Sobre su liberación Campa reconocería la lucha que abanderó la juventud mexicana en el año de 1968, quienes a través de la organización y autogestión pacífica lograron cuestionar el sistema político mexicano y la política autoritaria. De manera paradójica el poder represivo que había actuado sobre los estudiantes fue una de las causas del deterioro del régimen y la política de apertura democrática subsecuente con el fin de recuperar el consenso. Faltarían aún muchas luchas, presos y décadas para comenzar a desestructurar el régimen autoritario.

 

A más de 60 años de los acontecimientos, rescatamos el papel de Demetrio Vallejo en la huelga ferrocarrilera como parte de una lucha colectiva, cuyos pasos podemos seguir a partir de documentos resguardados en la biblioteca y hemeroteca Ignacio Cubas del AGN. Estos testimonios de protagonistas y antagonistas arrojan a la luz sobre la injusticia que sufrieron aquellos trabajadores que fueron señalados de antimexicanos por la retórica de la prevaricación del gobierno al buscar mejores y justas condiciones laborales, como momentos del camino hacia una sociedad más libre, justa y democrática.