La senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación precisó que se han recibido diversas opiniones sobre la iniciativa, entre ellas, la que se refiere a la existencia de un control político de todos los archivos de México a través de la Secretaría de Gobernación, y las relativas al plazo de dos años para depurar los contenidos de los archivos.
Destacó que la propuesta favorecerá acciones de preservación, difusión, incremento del patrimonio documental de la nación, destacó, y sienta las bases para que el Sistema Nacional de Archivos tenga un enfoque integral y sistemático de la gestión documental, armonizando los recursos informacionales con los normativos tecnológicos y archivísticos con carácter homogéneo.
Díaz Salazar, señaló que serán analizadas las disposiciones sobre la integración del Consejo Técnico; propone que sea integrado por trece especialistas, y que su función sea ayudar en la conformación de políticas públicas, que elaborará el secretariado técnico.
Por su parte, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, integrante de la Comisión de Gobernación precisó que el primer objetivo del ordenamiento es dar a los archivos y a la gestión documental del país el lugar que requiere para cumplir con dos derechos fundamentales, el de acceso a la información y el derecho a la memoria y a la verdad precisó por su parte, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, integrante de la Comisión de Gobernación.
La senadora se comprometió a revisar la propuesta para que el Archivo General de la Nación (AGN) sea el órgano rector del Sistema Nacional de Archivos y que sea un órgano autónomo de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La directora general del AGN, Mercedes de Vega, solicitó promulgar una Ley General de Archivos a la altura de la riqueza del patrimonio documental que tiene México, pues en caso de desconocer las condiciones bajo las que operan los archivos, esta Ley “estaría condenada al fracaso”.
Sugirió que si se expide una Ley que dote de autonomía al AGN, se debe prever la asignación de recursos y de fuerza; de lo contrario el AGN seguirá incurriendo en incumplimiento de las más de 250 atribuciones que se le otorgaron en la Ley Federal de Archivos, y estaría constantemente bajo la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Advirtió que si los responsables del rezago no son parte de la solución “esto va a fracasar”: las secretarías de Estado, municipios, estados y sindicatos tienen que ser parte de la solución, de lo contrario habrá una Ley sólo en el papel.
De acuerdo con la titular del AGN, debe regir el principio de máxima publicidad, ya que los archivos son parte de la construcción de la democracia y, por ello, México “merece una Ley General de Archivos modelo a escala mundial”.
Para finalizar, especialistas, servidores públicos e investigadores coincidieron en la urgencia de que la Cámara de Senadores apruebe la Ley General de Archivos y dote de autonomía y presupuesto el Sistema Nacional de Archivos, con el fin de conservar la memoria histórica del país.
También intervinieron durante las Audiencias públicas Lourdes Morales Canales, directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas; Alfredo Ávila Rueda, investigador B del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM; Esteban Landa, de la Asociación Mexicana de Archivonomía; Mauricio Merino, presidente del consejo académico asesor del AGN y académico del CIDE; Dante Preisser Rentería, coordinador de Asesores de la Oficina del C. Secretario de la Función Pública; Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado del Congreso del Estado de Guanajuato; Aurora Gómez Galvarriato, ex directora del AGN; Enrique Chmelnik Lubinsky, presidente de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados A.C.; Gabriel Torres Puga, Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México; Rodolfo Alanís Boyzo, director de Administración y Servicios documentales, Dirección General de Innovación del Estado de Finanzas del Estado de México; Grisel Salazar en representación de Jacqueline Peschard, coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia UNAM; Ramón Aguilera Murguía, director de la Escuela Mexicana de Archivos; Alicia Barnard, consultora en Archivos y colaboradora del Proyecto Internacional InterPARES Trust; Claudia Ávalos, comisionada en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí; Daniela Gleizer Salzman, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM; Issa Luna Pla, profesora e Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Alejandra Ríos, profesora e Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Ana Cristina Ruelas Serna, directora regional, Artículo XIX, Oficina para México y Centroamérica; Lucero Álvarez Castro, departamento de Archivo de concentración del Archivo General Municipal de Puebla; Ricardo Alejandro Fagoaga Hernández, secretario técnico del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales A.C.; Alberto Ceballos González, director del Archivo General del Estado de Campeche; Marisol Hernández, directora general de Archivos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Aguascalientes; Cecilia Azuara Arai, directora de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral; Magistrado Armando Maitret Hernández, Asociación Mexicana Impartidores de Justicia; Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Magistrado Armando Maitret Hernández, Asociación Mexicana Impartidores de Justicia; Mercedes de Vega, directora del AGN; Antonio Blanco, director del Archivo General del Estado de Puebla; Reynaldo Aguilera, director del Archivo Municipal de Querétaro; Elsa Bibiana Peralta Hernández, comisionada Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; Ilihutsy Monroy, Archivo Histórico de la UNAM.
Con información del Senado de la República