El descubrimiento de la importancia del uranio a nivel mundial y el conocimiento de su existencia en territorio nacional movieron al Estado mexicano a reformar el artículo 27 constitucional para incorporarlo como reserva natural y a crear instituciones para gestionarlo, en principio con la formación de la Comisión Nacional de Energía Nuclear en 1955 (imagen 1). Sin embargo, estos esfuerzos se vieron truncados con el cierre de Uranios Mexicanos (URAMEX) en 1984.
Imagen 1. La Comisión Nacional de Energía Nuclear en busca de material radiactivo, 1955
La posibilidad de usar la energía nuclear con fines no bélicos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, trajo consigo nuevas aplicaciones y construcciones jurídicas y normativas que avalaron la intervención de los gobiernos en el mundo para regular cuestiones técnicas, de seguridad y, desde luego, de los recursos económicos generados para la industria energética. En consecuencia, muy pronto se llevaron a cabo convenciones en las que se definieron los lineamientos de la tecnología nuclear en beneficio de la humanidad.
El estudio del uranio fue un tema central dentro de la agenda política del gobierno mexicano, pues este metal radiactivo de estado sólido podía ser usado como combustible para los reactores nucleares. Mientras la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, en México se dieron los primeros pasos en el llamado derecho nuclear, pues ante el interés mundial sobre este mineral, el artículo 27 constitucional fue modificado para incorporar a los materiales radiactivos como recursos de la nación, susceptibles de exploración, explotación y beneficio. Así fue como, en agosto de 1945, la Secretaría de Economía emitió una declaratoria en la que aclaraba la incorporación del uranio como reserva natural (imagen 2).
Imagen 2. Declaratoria de la Secretaría de la Economía Nacional que incorpora las reservas mineras nacionales de yacimientos de uranio, 1945
Un año después, y tomando como base la experiencia de la expropiación petrolera, un decreto presidencial reformó la antigua declaratoria para que los yacimientos de uranio y demás sustancias radiactivas fueran exclusivamente explotados por el Estado mexicano. Esto sentó las bases para que en la década de 1950 se estableciera la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), la cual se encargó de la regulación, coordinación, exportación e importación de equipo y materiales atómicos, además de las relaciones comerciales vinculadas con la industria del uranio.
Imagen 3. Nota periodística publicada en el diario El Heraldo sobre la Agencia de la Comisión de Energía Nuclear, 1957
La CNEN también estuvo a cargo de las tareas de investigación en el campo de la física nuclear, científica y técnica. El estado de Oaxaca fue uno de los primeros lugares en los que se realizaron exploraciones, específicamente en los municipios de Huitzo y Telixtlahuaca. De 1956 a 1959 se realizaron intensos trabajos de búsqueda de material radiactivo en distintas zonas, entre las que destaca la mina El Muerto, en Huitzo, de cuya exploración conservamos algunas fotografías (imágenes 4, 5 y 6). Esta zona en particular resultó de gran interés, pues en las décadas siguientes fue objeto de nuevos trabajos exploratorios.
Imagen 4. Personal de la Comisión Nacional de Energía Nuclear a las afueras del túnel número 2 de la mina El Muerto, Oaxaca, 1957
Imágenes 5 y 6. Trabajos de búsqueda de material radiactivo en la mina El Muerto, Oaxaca, 1957
Durante la década de 1960 se trabajó intensamente para el desarrollo de la industria energética basada en el uranio. En 1961 se realizaron investigaciones geológicas en la mayoría de los estados del país a fin de encontrar yacimientos de minerales radiactivos. Los reportes producidos por la CNEN señalaron que entre 1967 y 1968 (imagen 7) se encontraron reservas de gran, mediana y pequeña magnitud en diversas regiones de los estados de Sonora, Chihuahua y Durango, mientras que los resultados fueron menores en zonas de Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí (imagen 8). Cabe destacar que, paradójicamente, estas zonas se consideraron áreas que, por sus condiciones geológicas, presentaban buenas perspectivas para que las exploraciones se intensificaran.
Imagen 7. Tabla de reservas de mineral de uranio en la República mexicana presentada por la Comisión Nacional de Energía Nuclear, 1968
Imagen 8. Estudio de suelo en la mina Ampliación la Víbora en San Luis Potosí, sin fecha
A pesar de los hallazgos obtenidos, la falta de personal experimentado en ciertos sectores, la carencia de infraestructura y las lagunas de coordinación entre los procesos de exploración y explotación de los minerales fueron factores que llevaron al gobierno a reformar la ley en materia nuclear. Los anteriores decretos no habían sido incorporados a la Constitución hasta que en 1975 se reformó el párrafo sexto del artículo 27, el cual estipuló que “corresponde a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos”.[1]
Imágenes 9 y 10. Declaratoria por la que se adiciona el párrafo sexto y un séptimo párrafo al artículo 27 constitucional, 1975
Estas reformas trajeron cambios en la CNEN, los asuntos nucleares dejaron de recaer en un solo ente y las funciones se dividieron en distintas instituciones. Una de estas fue Uranio Mexicano (URAMEX), organismo descentralizado creado en 1979 con el objetivo de ser el agente exclusivo del Estado mexicano para explorar, explotar, beneficiar y comercializar minerales radiactivos. La empresa pública operó algunos años para avanzar hacia la diversificación de la energía en México, de acuerdo con la idea original orientada a que el país generara un 40 % de su electricidad con combustible nuclear.
URAMEX tenía un ambicioso plan de exploración del territorio nacional: en septiembre de 1980, José Calderón Trujillo, gerente de infraestructura en URAMEX, le expuso al Director General de Política Informática de la Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística y Geografía la meta de explorar casi medio millón de kilómetros del territorio nacional para antes de terminar 1982. En la búsqueda de las herramientas tecnológicas más avanzadas, URAMEX implementó el IMAGE 100, un sistema de interpretación automática basado en sensores susceptibles de colocarse en aviones o satélites artificiales (imagen 11).
Imagen 11. Oficio sobre el aviso de la adquisición de un sistema de interpretación automática de información por parte de URAMEX, 1980
Sin embargo, con la llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia se abandonó el programa nuclear y se le dio importancia a la generación de energía hidráulica, geotérmica y carboeléctrica. Este cambio de prioridades hizo insostenible la existencia de URAMEX, pues sin el apoyo presupuestal ya no pudo sostener los pagos a sus trabajadores, lo que trajo como consecuencia una huelga. De igual manera, para 1984 se publicó una nueva ley en materia nuclear, la cual dictaba que los minerales radiactivos serían del manejo del gobierno federal, de acuerdo con intereses nacionales, lo que dejó en manos del Servicio Geológico Mexicano las actividades realizadas por URAMEX.
El patrimonio documental que custodia el AGN nos permite reflexionar sobre la experiencia de nuestras instituciones para garantizar la soberanía nacional en materia energética con la regulación de la propiedad, exploración, explotación y aprovechamiento estratégico de los recursos. Como muestra este artículo, muchos de estos minerales cobran relevancia con el desarrollo de las fuerzas productivas a nivel mundial y nos enseñan acerca de la importancia de la perspectiva a largo plazo, de la construcción de reglas e instituciones que permitan ponerlos al servicio del pueblo mexicano. Te invitamos a explorar el fondo de URAMEX y a encontrar otras tantas experiencias para atender la cuestión energética.
[1] Declaratoria por la que se adiciona el párrafo sexto y un séptimo párrafo al artículo 27 constitucional, Diario Oficial de la Federación, 6 de febrero de 1975, en AGN, Biblioteca-Hemeroteca Ignacio Cubas.
Fuentes consultadas:
Manjarrez Cortés, Ernesto, <<Estudio geológico y radiométrico de la mina “El Muerto”, estado de Oaxaca>>, tesis de Ingeniería Geológica, México, Instituto Politécnico Nacional–Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, 1981. [Consulta: 9 de marzo del 2023]
Referencias de imágenes:
Imagen 1. La Comisión Nacional de Energía Nuclear en busca de material radiactivo, 1955, AGN, México Contemporáneo, Administración Pública Federal, Uranio Mexicano (URAMEX), caja 119.
Imagen 2. Declaratoria de la Secretaría de la Economía Nacional que incorpora las reservas mineras nacionales de yacimientos de uranio, Diario Oficial de la Federación, 17 de septiembre de 1945, en AGN, Biblioteca-Hemeroteca Ignacio Cubas.
Imagen 3. Nota periodística publicada en el diario El Heraldo sobre la Agencia de la Comisión de Energía Nuclear, 1957, en AGN, México Contemporáneo, Administración Pública Federal, Uranio Mexicano (URAMEX), caja 119.
Imagen 4. Personal de la Comisión Nacional de Energía Nuclear a las afueras del túnel número 2 de la mina El Muerto, Oaxaca, 1957, AGN, México Contemporáneo, Administración Pública Federal, Uranio Mexicano (URAMEX), caja 119.
Imágenes 5 y 6. Trabajos de búsqueda de material radiactivo en la mina El Muerto, Oaxaca, 1957, AGN, México Contemporáneo, Administración Pública Federal, Uranio Mexicano (URAMEX), caja 119.
Imagen 7. Tabla de reservas de mineral de uranio en la República mexicana presentada por la Comisión Nacional de Energía Nuclear, 1968, en AGN, México Contemporáneo, Administración Pública Federal, Uranio Mexicano (URAMEX), caja 119.
Imagen 8. Estudio de suelo en la mina Ampliación la Víbora en San Luis Potosí, AGN, México Contemporáneo, Administración Pública Federal, Uranio Mexicano (URAMEX), caja 119.
Imágenes 9 y 10. Declaratoria por la que se adiciona el párrafo sexto y un séptimo párrafo al artículo 27 constitucional, Diario Oficial de la Federación, 6 de febrero de 1975, en AGN, Biblioteca-Hemeroteca Ignacio Cubas.
Imagen 11. José A. Calderón Trujillo, gerente de infraestructura, al Lic. Carlos Enriquez Alcaraz, director general de política informática, Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática, México, D.F., 11 de septiembre de 1980, en AGN, México Contemporáneo, Administración Pública Federal, Uranio Mexicano (URAMEX), caja 119.