El Archivo General de la Nación (AGN) tiene su origen en el proyecto presentado por el virrey ilustrado Juan Vicente Güemes Pacheco y Padilla, Segundo Conde de Revillagigedo, en marzo de 1790 y en la posterior redacción de las Ordenanzas en 1792, con el objeto “conservar con esmero y cuidado los documentos antiguos”. El Archivo General se ideó para conservar de manera adecuada los documentos producidos por la administración virreinal, así como hacer uso de esos documentos para colocarse a la altura de las naciones cultas. Las actividades del Archivo General se verían trastocadas en su funcionamiento y crecimiento por el inicio de la guerra de Independencia.
Dos años después de la consumación de nuestra independencia y a unos meses de haberse liquidado al efímero imperio encabezado por Agustín de Iturbide, se consideró necesario fundar un archivo nacional, en el que se custodiara la documentación del extinto virreinato de Nueva España, así como resguardar la documentación producida por las instituciones de la joven nación.
El interés por crear un Archivo General resultó doblemente significativo para quienes dieron los primeros pasos del México independiente. Por un lado se demostró una clara conciencia histórica, con afanes de no perder las raíces sociales y los atributos esenciales del ser nacional; y por el otro, ser una fuente esencial para la futura organización administrativa, al considerar a esos documentos como una base sólida de la cual abrevar consejos y evitar infortunios en las acciones de gobierno de la novel nación.
En la tarea por erigir el Archivo General resalta la figura del estadista e historiador Lucas Alamán, quien revivió la idea del virrey Juan Güemes Pacheco y Padilla, de crear un Archivo General para “reunir en un solo sitio las noticias del virreinato que encerraban y guardaban resoluciones y providencias exquisitas que hacen la veneración de las leyes y de los legisladores que han precedido y tal vez los motivos originales que ilustrarían la ignorancia de ellos y su época”. Siendo secretario de Relaciones Interiores y Exteriores, Alamán logró que se aprobara la creación del Archivo General y Público de la Nación (AGPN), el 23 de agosto de 1823. Para administrarlo se comisionó a los antiguos archivistas del virreinato, Juan De Dios Uribe e Ignacio Cubas. El nuevo AGPN estableció que los servicios de la institución no estaban destinados exclusivamente al uso del gobierno, sino para todos aquellos que estuvieran interesados en consultar su acervo.
El Archivo General y Público de la Nación dependió de la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores y tuvo sede en el local de la antigua Secretaría del Virreinato, lugar original donde se guardaba este archivo en la época novohispana. Quienes trabajaron entonces para el Archivo, arreglaban simultáneamente los reducidos locales de que disponía, construían los muebles para guardar los papeles, asistían a los ministerios, recogían los documentos de las oficinas extinguidas y daban servicio a las oficinas y al público particular.