La brevedad del Segundo Imperio Mexicano, que va de la regencia establecida por la Intervención Francesa (1863), hasta la caída del gobierno imperial mexicano (1867), conformó un régimen que en primera instancia abrazó una política liberal de la cual desistió al no lograr una conciliación con los liberales mexicanos; para posteriormente buscar ayuda en los conservadores, facción política que en un inicio había sido relegada por Maximiliano.
A la par de sostener una guerra contra las fuerzas leales a la República e intentar negociar una paz con Benito Juárez, quien se mantuvo siempre al frente de esta segunda lucha por la Independencia de nuestro país, Maximiliano de Habsburgo gestionó una legislación para gobernar y administrar el Imperio Mexicano. Si bien se buscó que el cambio de gobierno republicano a uno monárquico no sólo fuera una sustitución de personas sino el generar nuevos proyectos e instituciones para beneficio del Estado, en la práctica y ante el estado convulsivo que se vivía, no se desechó la idea de poner al servicio del Imperio las instituciones que se habían generado en la primera mitad del siglo XIX. Tal fue el caso del Archivo General y Público de la Nación (AGPN); el cual fue transformado en agosto de 1863, en Archivo General y Público del Imperio.
Esta no era la primera vez que esta institución había sufrido una transición de este tipo; ya que se tiene el antecedente del 23 de agosto de 1823, cuando el secretario de Relaciones Interiores y Exteriores Lucas Alamán, confirió al antiguo Archivo General de Nueva España como el origen del Archivo de la Nación (AGPN).
En conformidad con el Reglamento para el Archivo General y Público del Imperio, emitido en 1863, esta institución se encargaría de contener todos los expedientes concluidos de las secretarías de Estado, entre ellas: Negocios Extranjeros, Gobernación, Justicia, Guerra, Fomento y Hacienda. Así como los documentos históricos que dieran cuenta de los descubrimientos, invenciones, avances en la ciencia y la industria, con el único fin de que sirvieran a la prosperidad y engrandecimiento del Imperio.
Sin duda el gobierno imperial buscó sacar provecho de la documentación que no había podido ser trasladada por el gabinete de Juárez, que sólo cargó con los documentos más importantes de la nación, para que no cayeran en manos de las tropas francesas. Antonio de Ycaza, quien fuera el director del Archivo del Imperio, recibió diversas solicitudes para que buscara, en el amplio acervo, documentos referentes a temas de interés del emperador, se tiene el caso de la localización expedita de documentos relacionados a las lenguas indígenas, sector de la población que se volvió prioritario ante la actitud proteccionista del gobierno de Maximiliano.
Para la Secretaría de Justicia del Imperio, la documentación del Archivo fue pilar para ir estableciendo una legislación, por lo cual el director Antonio de Ycaza tenía que remitir todas aquellas leyes y decretos correspondientes a los años anteriores, que sirvieran en los trabajos para la creación de un Estatuto Provisional del Imperio Mexicano.
Ante la derrota del emperador y su posterior fusilamiento, la República sería restaurada y con ello sus instituciones. El Archivo se volvería a regir por el Reglamento del Archivo General y Público de la Nación de 1846 y toda la documentación que había generado el gabinete imperial pasaría a formar parte de su acervo documental, ofreciendo una fuente información para conocer acerca de la Segunda Intervención Francesa y el efímero Imperio de Maximiliano.
Para conocer más sobre el fondo Segundo Imperio, consulta la Guía General de Fondos, elaborada en 1990, que ofrece información detallada de algunas colecciones que se preservan en el Archivo General de la Nación.
Consulta el acervo del Archivo General de la Nación y conoce, a través de sus documentos, la historia de México. Para conocer como consultar los fondos documentales y gráficos del AGN visita la siguiente página.
