La Segunda Guerra Mundial marcó un hito en la historia económica, política y social de México. Los acontecimientos mundiales permitieron a nuestro país, en primer lugar, promover los procesos productivos e industriales; en segundo, posibilitó al gobierno de Manuel Ávila Camacho impulsar la política de unidad nacional; y tercero, consolidar en lo social las bases del régimen autoritario, ejemplo de ello fue la reforma al artículo 145 del Código Penal donde se tipificaron los delitos políticos (Diario Oficial, 14 de noviembre de 1941).

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Como preámbulo a la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial se tiene el rompimiento de relaciones con los países del Eje, el 7 de diciembre de 1941, debido al ataque por parte de la Aviación Imperial Japonesa a la base naval estadounidense de Pearl Harbor.

A pesar de que México sostuvo una aparente neutralidad ante el cataclismo mundial, se vio forzado a abandonarla en mayo de 1942, cuando las embarcaciones Potrero del Llano y Faja de Oro fueron atacadas por submarinos alemanes.

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Si bien nuestro país participaría en acciones militares, éstas ocurrieron al final de la guerra y fueron de un carácter meramente simbólico. La cooperación para vencer al totalitarismo, consistió en otorgar “toda la ayuda material y moral que fuera posible, para la derrota de los regímenes fascistas”, tal como lo expresó el líder cetemista Vicente Lombardo Toledano.

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Como parte de los preparativos de la declaratoria de guerra, el gobierno mexicano tomó medidas preventivas encaminadas a prevenir sabotajes o espionajes, por lo cual las autoridades se dieron a la tarea de retirar de las costas nacionales a todos los individuos con nacionalidad o ascendencia de alguna de las naciones del Eje, siendo trasladados a las ciudades del interior del país.

Al respecto, el historiador Mauricio Cruz García refiere que la sociedad mexicana se opuso a la guerra y, sobre todo, a una colaboración militar con el vecino del norte, en gran medida por el clima antinorteamericano propiciado por los resentimientos causados por la mutilación territorial de 1848, así como por los temores populares de la “leva” de la época revolucionaria y la angustia de involucrarse en una guerra ajena.

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Por su parte, la historiadora Blanca Torres indicó que el ambiente que prevalecía en México a inicios de 1940 era contrario a la guerra. Como ejemplo cita al semanario Tiempo, quien señaló que “la posibilidad de una declaración de guerra no es recibida favorablemente por la totalidad de los mexicanos”. A esto se agrega una encuesta que la misma revista efectuó el 21 de mayo de 1942 a cerca de 12 mil personas, la cual reveló que más de la mitad de la población prefería no involucrarse en una guerra: 40.7% apoyaba la declaración y 59.8% se oponía.

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La declaratoria del "estado de guerra" fue justificada por el entonces presidente, Manuel Ávila Camacho, aduciendo que si no se hacía se perdería la independencia y la dignidad de la República. Asimismo expresó que "el 'estado de guerra' es la guerra misma, la razón que tenemos para proponer su declaración y no la declaración de guerra, obedece (...) por una parte, [a que] la declaración de guerra supone en quien la decide la voluntad espontánea de hacer la guerra. Y México sería inconsecuente con su tradición de país pacifista por excelencia si admitiera, aunque sólo fuera en la forma, que va al conflicto por su propio deseo y no compelido por el rigor de los hechos y por la violencia de la agresión. Por otra parte, el que declara la guerra reconoce implícitamente la responsabilidad del conflicto. Y esto, en nuestro caso, sería tanto más absurdo cuanto que los agredidos somos nosotros".

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Blanca Torres refiere que el gobierno mexicano debió inventar el “estado de guerra”, concebido como la guerra con todas sus consecuencias, pero a la defensiva, porque de esa manera no se comprometía a pagar una cuota de sangre en el conflicto; de esa manera el “estado de guerra” representó una salida a la disyuntiva de no contar con el apoyo de la opinión pública, quien en un principio se opuso a la guerra y a la colaboración con los Estados Unidos, a pesar del hundimiento de los barcos petroleros.

El 2 de junio el poder legislativo decretó el “estado de guerra” y el país entró a una situación sin precedentes. Aunado a ello, se inició una intensa campaña en torno a la unidad nacional y a las consecuencias que tendría el “estado de guerra”. Ante ese hecho, el periódico Últimas Noticias, como todos los diarios, se plegó a la política gubernamental, aunque advirtió: “Hay que combatir al enemigo interior, pero hay que evitar que las medidas represivas puedan ser utilizadas para abrir la válvula peligrosa de los excesos y las injusticias”.

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