Algunos pidieron que se demoliera “por las malas vibras” y se diera paso a la creación de una unidad habitacional, ante la explosión demográfica de la zona. Otra de las propuestas que más resonancia encontró en los periódicos Excélsior y El Nacional fue la creación de la Alameda Oriente.

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Ambas ideas no fructificaron gracias a la renovada legislación sobre protección y rescate de sitios con valor histórico, que desde la década de los sesenta se había comenzado a gestar a nivel mundial. En aquellos años se establecieron las primeras políticas públicas en México en pro de la conservación y prohibición de la demolición del patrimonio edilicio (es decir: perteneciente a las obras o actividades de carácter municipal, especialmente las relacionadas con la edificación), que surgieron de la participación del Comité Nacional Mexicano en el II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos en Monumentos, efectuada en 1964, en Venecia, Italia. El resultado fue la integración de nuestro país al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS).

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Posteriormente, especialistas e instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), comenzaron a congregarse en seminarios y coloquios; para tratar y discutir el tema de la conservación del patrimonio urbano. Bajo ese rubro se estableció en 1972 la Ley Federal sobre Monumento y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, así como diversos proyectos de conservación del Centro Histórico de la Ciudad de México.

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Todas estos antecedentes proporcionaron las bases a los historiadores Edmundo O'Gorman, Jorge Alberto Manrique y Eduardo Blanquel; y a los arquitectos Flavio Salamanca y Jorge L. Medellín —entonces presidente del ICOMOS Mexicano—, para frenar la demolición del inmueble histórico, inaugurado por el general Porfirio Díaz en 1900.

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Sin embargo, fue hasta principios de 1977 —gracias a la visión de Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Gobernación— cuando el Palacio Negro fue propuesto como nueva sede del Archivo General de la Nación (AGN). Por lo cual el edificio fue introducido dentro del proyecto de Remodelación del antiguo centro comercial de la ciudad de México, que contemplaba la adaptación de edificios abandonados para usos culturales. 

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El 27 de mayo de 1977, se designó por decreto presidencial al Palacio de Lecumberri como el recinto donde se concentraría, en un sólo sitio, el valioso acervo documental de la nación para proporcionarle un lugar adecuado, seguro y amplio.

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La adaptación de la antigua Penitenciaría como la nueva casa del AGN estuvo a cargo del arquitecto Jorge L. Medellín, quien entre los principios que respetó para llevar a cabo la intervención se puede señalar el diseño ambiental, al establecer un jardín público en la parte posterior; la recuperación del sitio para el servicio a la comunidad, puesto que el proyecto incluía crear un centro cultural en una zona urbana que carecía de esos servicios; y por supuesto, el uso contemporáneo de un edificio antiguo, sin hacer una costosa inversión.

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Años después, el 27 de agosto de 1982, inició sus labores como sede depositaria de la memoria histórica de México.

Ven, visita el AGN y conoce la historia que se resguarda en sus documentos.

 

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