La historia del petróleo en México ha estado ligada a una constante pugna entre el Estado y las empresas extranjeras por el control de los hidrocarburos. Esta lucha se acrecentó cuando en abril de 1935 se conformó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con el firme apoyo del gobierno federal. En pocos meses, la asociación reunió a más de veinte mil miembros e inició una amplia lucha por cumplir, mejorar y firmar nuevos contratos de trabajo, lo que al final se convirtió en el núcleo del enfrentamiento entre gobierno y empresas.
Durante 1936 el STPRM reclamaba una serie de reivindicaciones económicas, las cuales fueron rechazadas por las compañías petroleras, entre ellas: la semana laboral de cuarenta horas; pago salarial durante enfermedades; indemnización familiar en caso de muerte o incapacidad total, salario mínimo de cinco pesos, jubilaciones, etcétera.
En 1937, al no ver cumplidas sus demandas, el STPRM lo presentó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) como un conflicto de carácter económico. La JFCA revisó la situación y determinó que las empresas contaban con los recursos suficientes para cumplir con la solicitud de los trabajadores. Por lo cual, en diciembre de 1937 la junta pronunció un laudo para que las empresas establecieran las condiciones de trabajo exigidas, a partir de la primera semana de 1938. Las firmas petroleras lo rechazaron, la JFCA lo declaró como acto de rebeldía y el 16 de marzo dio por terminado el contrato de trabajo entre el STPRM y estas compañías.
Al declararse en rebeldía, las empresas no consideraron la situación internacional que favorecía un decreto expropiatorio: por una parte, el peligro representado por las potencias del Eje, conformado por Alemania, Italia y Japón, lo que llevó a los Estados Unidos a buscar y consolidar la unidad hemisférica y la cooperación con Latinoamérica, por lo que no tomaría ninguna represalia, bélica o económica, que malograra la expropiación. Por otra, las condiciones internas: la legitimidad y popularidad del régimen cardenista posibilitaron la expropiación.
Así, el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas expidió el Decreto de expropiación de las empresas petroleras, donde se señalaba el desposeimiento, por causa de utilidad pública de edificios, instalaciones, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, estaciones de distribución y todos los bienes muebles e inmuebles de las empresas extranjeras.
La reacción de las compañías no se hizo esperar y divulgaron la versión de que el gobierno no podría dirigir la industria. Es cierto que existieron problemas de infraestructura y, sobre todo, escasez de especialistas industriales, pues la mayoría eran extranjeros que abandonaron su trabajo al consumarse el dictamen, no obstante se lograron sortear casi de inmediato.
Además las compañías expropiadas realizaron un boicot en materia de refacciones, barcos, productos y otros bienes necesarios para el funcionamiento de la industria; y hubo presiones de tipo económico que pronto fueron superadas, por ejemplo, la suspensión estadounidense de compra de plata.
El cerco impuesto obligó a que nuestro país, a pesar de las graves diferencias ideológicas, colocara su producción petrolera entre los países del Eje. Situación que no duró mucho pues con el inicio de la Segunda Guerra Mundial esos mercados se perdieron debido al bloqueo aliado y a que Estados Unidos requirió los recursos mexicanos para hacer frente a la guerra. En este sentido la preocupación norteamericana estaba fija en el inicio del conflicto bélico y en el consumo de los hidrocarburos mexicanos.
El desarrollo de la controversia entre México, las empresas afectadas y sus respectivos gobiernos, se prolongó hasta 1942, cuando se aceptó que nuestro país pagara las indemnizaciones de la expropiación en el mediano plazo.
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