• Los primeros pasos para la construcción de una política de memoria y verdad se dieron en enero de 2019, cuando el AGN logró, con el apoyo de la SEGOB, retirar a los agentes de la extinta CISEN que tenían el control de los documentos generados por la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS). Posteriormente, en febrero de 2020, el AGN habilita la consulta irrestricta de dichos documentos, ya que anteriormente su acceso solo podía darse a través de versiones públicas en las que se testaban datos personales sensibles.

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En el marco de la conmemoración de los 52 años de la matanza de Tlatelolco, el Archivo General de la Nación y la Secretaría de Gobernación, a través de su Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, encabezada por Alejandro Encinas, han suscrito el 2 de octubre de 2020 un Convenio Marco de Colaboración para realizar acciones encaminadas a la identificación, apertura y análisis de los documentos históricos relacionados con posibles violaciones graves a los derechos humanos, con el propósito de reconstruir los hechos que acerquen a la población a la verdad en torno al periodo nacional conocido como la “Guerra Sucia”, que tuvo lugar a finales de la década de 1960 y durante tota la década de 1970, caracterizado por una política de represión política y militar emprendida por el régimen para disolver a la oposición política, y que dejó como saldo cientos de personas asesinadas, desaparecidas o torturadas, abriendo una herida que aún sangra ante la falta de verdad en torno a los hechos ocurridos.

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Una institución protagónica en la instrumentación de esta política de represión fue la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que operó de 1947 a 1985, y cuya documentación generada por sus agentes se encuentra resguardada en el AGN. Esta documentación fue transferida en 2002 sin embargo, su acceso era restringido debido a que pese a estar en el AGN, era controlada y administrada por agentes de la extinta CISEN. Fue hasta enero de 2019, que el AGN, con el apoyo de la SEGOB, pudo concluir con la presencia de los agentes del CISEN y tomar la administración de dichos documentos, fecha a partir de la cual comenzó un profundo análisis para conocer el contenido de los documentos y la lógica de su organización, ya que no cuentan con instrumentos archivísticos que permitan conocer la información vertida en ellos, una situación que dificulta su acceso, pues al no estar plenamente descritos, es complicado saber qué información se puede encontrar y qué utilidad puede tener, pues se estima que es un universo conformado por un aproximado de 8 millones de documentos. Tras el reconocimiento del fondo documental y el desahogo de un profundo análisis jurídico en el que también participó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se resolvió en febrero de 2020 que la consulta de los documentos que fueron generados por las extintas DFS y Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DIGPS) y que se encuentran custodiados por el AGN, debe ser irrestricta por ser de relevancia social la información que contienen, en el sentido de que anteriormente su consulta solo podía hacerse a través de versiones públicas en atención a la protección de datos personales sensibles ahí asentados.

Una vez resuelta la consulta irrestricta de dichos documentos, seguía superar los retos de brindar acceso universal a dichos documentos sin contar con catálogos descriptivos, ya que solo una parcialidad de los documentos (413 cajas, que contienen 2,079 legajos) han podido ser descritos por el AGN, lo cual entorpece la búsqueda e identificación de la información que puede estar en el poco más de 90% de cajas restantes. Gracias a la colaboración que hoy se suscribe entre el AGN y la SEGOB, se podrá superar este obstáculo, ya que la SEGOB apoyará para la descripción y digitalización de estos documentos, a partir de lo cual se podrá habilitar su acceso universal.

También resulta trascendental para el AGN esta colaboración ya que a partir de ella la SEGOB impulsará que las dependencias y entidades públicas de la Administración Pública Federal concreten el envío de su documentación histórica que pueda estar relacionada con posibles violaciones graves a los derechos humanos, persecuciones políticas y sociales y actos de corrupción, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Presidencial publicado el 28 de febrero de 2020.

A partir del acceso universal de los documentos de las extintas DFS-DGIPS y de la transferencia de los documentos a que hace alusión el citado Acuerdo Presidencial, un Comité Asesor, conformado por académicos e investigadores, estudiará dichos documentos para la reconstrucción de los hechos acaecidos en torno al periodo de la “Guerra Sucia”, pues será la primera vez en la historia nacional que la ciudadanía tendrá acceso a la información generada por las instituciones que estuvieron relacionadas y se tendrá la oportunidad de generar una política de memoria y verdad.

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Durante el acto protocolario para la firma del mencionado Convenio, se hizo entrega de copias de los expedientes ficticios conformado a partir de los documentos de las extintas DFS-DGIPS que custodia el AGN, sobre víctimas de la guerra sucia, la entrega se hizo s sobrevivientes y en otros casos a familiares de las víctimas, ya que muchos de ellos permanecen en calidad de desaparecidos desde la década de 1970.

A este acto también acudió Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien también suscribió un Convenio de Colaboración con la SEGOB en el mismo sentido.

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