#AGNRecuerda a Valentín Campa, adalid de la lucha ferrocarrilera

A la puerta del cierre del sexenio del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines y la conclusión del programa de política ferrocarrilera que se elaboró para el sexenio 1953-1958, la asamblea plenaria del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) inició las negociaciones con la empresa para alcanzar un nuevo contrato colectivo, con vía a obtener un mejor salario y mayores prestaciones laborales para los trabajadores de las vías férreas.

La movilización de los ferrocarrileros inició en mayo de 1958 con una contundente asistencia de todos los secretarios generales de las 28 secciones del sistema, los cuales desde un principio crearon una “comisión pro-aumento de salarios” la cual adoptó el Plan Sureste. Dicho plan, menciona Valentín Campa[1], tuvo como objetivo establecer una organización sistematizada entre todas las secciones con el fin de lograr un aumento salarial de 350 pesos mensuales por parte del gobierno y en caso de ser denegado el aumento, como maniobra de presión, se procedería a la huelga sindical de manera progresiva hasta pronunciar un paro total de labores en la empresa.

El gobierno saliente manifestó que no podía conceder el aumento argumentando que la empresa generaba un mayor costo de subsistencia que productividad. La respuesta negativa puso en marcha la organización de los ferrocarrileros quienes se lanzaron en el mes de junio de aquel año a las calles.

La lucha de los ferrocarrileros fue ardua pues el gobierno no estaba dispuesto a reconocer la huelga y en su lugar implementó una serie de métodos tanto legales como ilegales, con el fin de silenciar a los trabajadores “disidentes”, que desde un inicio fueron tachados de traidores a la patria bajo el adjetivo calificativo de “antimexicanos”.

Así desde el órgano informativo del Estado El Nacional, se comenzó a desacreditar la lucha de los ferrocarrileros y líderes sindicales como Demetrio Vallejo y Valentín Campa. La retórica de la prevaricación[2] se hizo presente en cada una de las noticias sobre la huelga ferrocarrilera de junio con el fin de justificar el uso del poder del Estado. El periódico desplegó entre sus primeras planas noticias llenas de intriga, asegurando la presencia de “irregularidades sindicales cometidas por Vallejo, Campa y demás agitadores incrustados en el sindicato”[3], así como aseverar que los capitalinos clamaban por acabar con los paros producto no del reclamo justo y constitucional sino de la “actitud antimexicana de los precitados líderes”[4].

Aquella incipiente huelga por un mejor salario llevó a plantear otras demandas dentro del gremio ferrocarrilero, como terminar con el famoso “charrismo” dentro del STFRM que desde la época del presidente Miguel Alemán se había establecido con la imposición del dirigente Jesús Díaz de León mejor conocido como “El Charro”. La demanda de efectuar elecciones para elegir a nuevos representantes sindicales fue planteada para el mes de julio de aquel año. El apoyo fue general hacia la planilla encabezada por Demetrio Vallejo quien arrasó de manera contundente contra su contrincante José María Lara, otro líder “charro”[5].  

Lograr una verdadera democracia dentro del sindicato y contar con el apoyo del Partido Comunista, el Partido Obrero Campesino y el Partido Popular conllevó a una mayor presión sobre la empresa y la saliente administración de Ruiz Cortines, los cuales se vieron obligados a ceder a las demandas de los obreros proporcionando un aumento salarial de 250 pesos.

A pesar del aparente éxito de la huelga del 58, la nueva organización interna dentro del sindicato siguió trabajando para conseguir un mejor contrato colectivo, el cual incluyera proporcionar a los trabajadores casas cómodas e higiénicas, demanda justificada de acuerdo con el artículo constitucional 123 fracción XI. A esta demanda se sumó la solidaridad con los compañeros de las compañías férreas pequeñas cuyos contratos fueron tratados aparte.

Sin embargo, el régimen de Adolfo López Mateos se mostró inflexible a seguir aceptando las demandas de los obreros ferrocarrileros, por lo cual planteó desde su llegada al poder desestabilizar la organización sindical democrática y detener a los líderes ferrocarrileros, en especial a Demetrio Vallejo y Valentín Campa.

Al respecto menciona Campa[6] que el presidente Adolfo López Mateos, a diferencia de su antecesor, abrazó una cooperación bilateral más cercana con los Estados Unidos de Norteamérica, pues desde el inicio de su administración se reunió con el presidente Dwight D. Eisenhower quien encabezaba la “fiebre del miedo al comunismo, a la expansión de la influencia soviética en América Latina y a un ataque nuclear”[7], por lo cual mantener a raya las luchas obreras en México fue uno de los temas centrales en aquella primera reunión que tuvieron ambos mandatarios en febrero de 1959.

Como parte de la cooperación entre ambas naciones se estableció un proyecto secreto con la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) conocido como LIENVOY[8]. Este proyecto involucraba directamente a las autoridades mexicanas con jefes de la estación de la CIA en México, lo que resultó un intercambio muy productivo para identificar individuos y grupos políticos y sociales señalados de "llevar supuestas o reales actividades comunistas”.

No se conoce la injerencia que tuvo el proyecto LIENVOY en la lucha obrera ferrocarrilera, no obstante, señala Campa que la CIA asesoró directamente a las autoridades mexicanas a través de su agente encubierto que identificó como Dean Stephanski[9] con el fin de aplastar la huelga. Probablemente dicho nombre fue falso pues tal como señala el proyecto de la CIA se emplearon motes o criptónimos para proteger la identidad de los colaboradores que implicaba a los más altos mandatarios de la nación.

Lo que no cabe duda es que justo en el momento en que se desplegó la huelga ferrocarrilera en marzo de 1959, los medios de comunicación señalaron que era un movimiento provocado por la injerencia soviética en México, siendo el STFRM un espacio secuestrado por comunistas que no representaban la voluntad de todos los trabajadores ferrocarrileros, es decir el discurso anticomunista comenzó a tener una mayor aplicación para que el gobierno mexicano actuara de manera justificada con toda la fuerza, en este caso en contra de la huelga ferrocarrilera misma que fue desconocida.

En plena Semana Santa de 1959 las autoridades desplegaron toda una operación que consistió en: señalar la huelga ferrocarrilera como ilegitima; desplegar el Ejército dentro de las instalaciones tomadas por los obreros; proceder con despidos masivos y detener a todos los líderes del STFRM bajo delitos completamente infundados.  

Demetrio Vallejo fue uno de los primeros que fue asilado en el campo militar número uno, mientras que Campa logró escapar, permaneciendo a las sombras intentado comunicarse con el expresidente Lázaro Cárdenas del Río para que mediara ante el presidente Adolfo López Mateos por las garantías de los miles de ferrocarrileros que habían sido despedidos o encarcelados injustamente. Sin embargo, el nuevo gobierno se había alejado de los antiguos ideales del Estado accesible a la causa de los trabajadores para resolver las grandes desigualdades económicas y sociales del país, en su lugar se comenzó a fortalecer un Estado neoliberal[10]. 

Cerca del mes de mayo de 1959 Valentín Campa fue detenido, siendo procesado por el delito de disolución social, ataques a las vías generales de comunicación y delitos contra la economía del país. Además de Campa fueron recluidos en la  Penitenciaría de Lecumberri[11]: Demetrio Vallejo, Eladio Alemán Molina, Alfredo Rodríguez Andrade, Eugenio Jesús Araujo, Enrique Caballero Zárate, Roberto Gómez Godínez, Gil López Gómez, Enrique Sánchez  Camarena, Manuel Jiménez Ramírez, José Guadalupe López Vargas, David López López, Ignacio Martínez Chávez , Raymundo Rangel Morales, Próspero Reyes Muñoz, Antonio Sánchez   Rodríguez, David González  Castillo, Máximo Correa Camargo, Francisco Carvallo Sandoval, entre otros imputados injustamente, los cuales pasarían once años en el Palacio Negro de Lecumberri; pues tendría que transcurrir dos sexenios antes de derogar el tan pernicioso artículo 145 del Código Penal que reconocía el delito de disolución social.  

Finalmente, el combatiente obrero Valentín Campa y Demetrio Vallejo salieron de la Penitenciaría de Lecumberri un 29 de julio de 1970[12]. Sobre su liberación Campa reconocería la lucha que abanderó la juventud mexicana en el año de 1968 quienes a través de la organización y autogestión pacífica lograron cambiar el sistema del Estado mexicano, pues de manera paradójica el poder represivo que había actuado sobre los estudiantes fue una de las causas del deterioro del régimen y su transformación.

Estos son los pormenores de Valentín Campa en la huelga ferrocarrilera que a más de 60 años de los acontecimientos han sido rescatados de los documentos resguardados en el AGN, mismos que arrojan a la luz la injusticia que sufrieron aquellos trabajadores que fueron señalados de antimexicanos por la retórica de la prevaricación del gobierno al buscar mejores condiciones laborales.

La extinta Penitenciaría de Lecumberri que en su momento fuera el espacio de reclusión de líderes como Valentín Campa, es hoy en día el lugar que resguarda la memoria de la nación mexicana misma que garantiza al ciudadano el derecho a la verdad, a la justicia y a conocer a los responsables de crímenes contra los derechos humanos de aquellos luchadores políticos y sociales del siglo XX que injustamente fueron asilados en Lecumberri.