Boletín No.704

Ciudad de México, 26 de octubre de 2016

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) registró y autorizó en los últimos casi cuatro años a 32 mil 627 personas físicas y morales como instructores externos, lo que les permite brindar servicios de capacitación a los centros de trabajo.

El Padrón de Trabajadores Capacitados tiene registrados temas que abordan contenidos sobre maquinaria agrícola, tapicería, electrónica, relojería, joyería, almacenista e inventarios, o de inseminación artificial, extracción de petróleo y gas natural, telecomunicaciones, entre muchos otros.

Esta herramienta, que es parte del Sistema de Registro de la Capacitación Empresarial (SIRCE), apoya a patrones en la búsqueda de especialistas que instruyan a sus empleados.

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En el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 15 de octubre del 2016, se registró en el padrón a 5 mil 618 instituciones, escuelas y organismos públicos y privados, mientras que 27 mil 7 fueron a instructores independientes.

Solo en lo que va de este año, se registró y autorizó a 6 mil 230 personas físicas y morales. De ellas, 990 son instituciones, escuelas y organismos especializados de capacitación, y 5 mil 240 instructores independientes.

Los agentes capacitadores externos cuentan con personal docente y, en su caso, instalaciones, equipo o mobiliarios, para ofrecer sus servicios a los centros de trabajo.

La autorización y el registro se otorga una vez que los interesados han acreditado el cumplimiento de los requisitos correspondientes ante la STPS, y son la Ciudad de México, Jalisco, San Luis Potosí y el Estado de México las entidades federativas que tienen mayor número de capacitadores, con 5 mil 762, 2 mil 414, 2 mil 221 y 2 mil 190, respectivamente.

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Las personas interesadas en registrarse como capacitadores deberán acreditar ante la STPS su preparación profesional o actividad en la que impartirán sus conocimientos, así como en los procedimientos tecnológicos propios a la rama industrial.

También como no estar ligadas con personas e instituciones que propaguen algún credo religioso en los términos de la prohibición por la Fracción IV del Artículo Tercero Constitucional.

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